Ninguna otra prohibición a partir de las seis semanas había entrado en vigor nunca, ni siquiera brevemente.
“Queda por ver lo que finalmente sucederá con esta ley”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, “pero ahora, a través de su inacción, los jueces han permitido que se aplique la restricción más estricta al aborto desde Roe v. Wade durante al menos un período de tiempo”.
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Esto ocurre mientras los jueces se preparan para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley de Mississippi que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas.
Según la ley de Texas, el aborto está prohibido cuando se detecta un latido fetal, que a menudo es antes de que la mujer sepa que está embarazada. No hay una excepción por violación o incesto, aunque existe una excepción por “emergencias médicas”.
Los proveedores de servicios de aborto pidieron a los jueces que bloquearan la prohibición mientras se desarrollaban los desafíos legales porque argumentaron que si se permitía que entrara en vigencia, “reduciría inmediata y catastróficamente el acceso al aborto en Texas”, lo que finalmente obligaría a cerrar muchas clínicas de aborto.
Argumentaron que si se permitía la entrada en vigencia de la ley, esto tendría el impacto de “prohibir la atención a al menos el 85% de las pacientes de aborto en Texas” y significaría que se podrían presentar demandas contra una amplia gama de personas, incluida una persona que transporta a una amistad para obtener un aborto, alguien que brinde asistencia financiera e incluso un miembro del clero que asista a una paciente.
Dos horas antes de que la prohibición entrara en vigencia, una de las clínicas, Whole Woman’s Health, informó que estaba realizando abortos. “Nuestras salas de espera están llenas de pacientes”, tuiteó la clínica, y agregó que “los manifestantes contra el aborto están afuera, encendiendo luces en el estacionamiento… estamos bajo vigilancia”. En otro tuit, la clínica dijo: “Así es como se ve la atención del aborto. Guerreros de los derechos humanos”.
La falta de respuesta de la Corte Suprema provocó una furiosa reacción de los partidarios del derecho al aborto justo después de que la ley entró en vigor.
“Se acaba de cortar el acceso a casi todos los abortos para millones de personas, el impacto será inmediato y devastador”, dijo la ACLU en un tuit.
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Estrategia legal novedosa
En una estrategia legal novedosa, la Legislatura estatal diseñó la ley para evitar que los funcionarios gubernamentales la apliquen directamente. La medida estaba destinada a hacer mucho más difícil presentar una impugnación previa a la aplicación de la ley porque no hay los funcionarios gubernamentales habituales a quienes responsabilizar en los tribunales.
En cambio, la ley permite a los ciudadanos privados, en cualquier lugar del país, entablar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una persona embarazada a solicitar un aborto en violación de la prohibición.
Los opositores dicen que la ley es parte de una nueva ola de leyes presentadas por estados hostiles al derecho al aborto y que inspirará a otros estados a seguir su ejemplo.
Los abogados de los funcionarios de Texas instaron a los jueces a permitir que la ley entre en vigencia, diciendo que las clínicas no habían demostrado que serían “perjudicadas personalmente por un proyecto de ley que tal vez nunca se aplique en su contra”.
Esto ocurre cuando los jueces ya acordaron considerar durante el próximo periodo una ley de Mississippi que prohíbe la mayoría de los abortos a partir de las 15 semanas. Los partidarios del derecho al aborto dicen que las leyes de Mississippi y Texas son un desafío directo a Roe v. Wade, la histórica opinión de 1973 que legaliza el aborto en todo el país antes de la viabilidad, que puede ocurrir alrededor de las 24 semanas de embarazo.
Las clínicas inicialmente presentaron una demanda no solo contra el fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, sino también contra los jueces y secretarios estatales de Texas con jurisdicción para hacer cumplir la ley. También apuntaron a Mark Lee Dickson, quien se desempeña como director de Right to Life East Texas.
En resumen, los proveedores dijeron que las pacientes “que puedan juntar recursos” se verán obligadas a intentar salir del estado, y otras se verán obligadas a “permanecer embarazadas en contra de su voluntad”.
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