Según un reportaje publicado por el canal brasileño TV Globo, se trata del supuesto pago de sobornos por parte de fabricantes de automóviles a políticos para aprobar leyes que los beneficiarían.
Específicamente se trata de la normativa que extendió los descuentos tributarios a las montadoras y fabricantes de vehículos que se instalaran en ciertas zonas específicas del país.
Estos beneficios terminaban en 2010, sin embargo tras el apoyo del Gobierno del entonces presidente Lula da Silva, se permitió extender los descuentos por cinco años.
La investigación acusa pagos por 2 millones de dólares al Partido de los Trabajadores y también incluye en la lista de investigados a dos ex ministros.
Por su parte, los abogados del ex presidente emitieron un comunicado indicando que repudian cualquier conexión de Lula da Silva con el caso.
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