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(EFE) – El juicio del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción juzgado en República Dominicana, se zanjó este jueves con tan solo dos condenas, a un ex ministro y al ex representante en el país de la constructora brasileña.
El exministro Víctor Díaz Rúa fue condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero, mientras que el empresario Ángel Rondón fue sentenciado a ocho años, al ser hallado culpable de repartir los sobornos millonarios y de lavado de dinero. Las tres juezas que componen el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvieron a los otros cuatro imputados, entre ellos tres ex senadores y un abogado.
El caso concluyó, de este modo, sin condenas a ningún político por recibir sobornos, a pesar de que Odebrecht admitió haber distribuido 92 millones de dólares en el país a cambio de la adjudicación ilegal de licitaciones de obras públicas entre 2001 y 2014 y de la obtención de autorización parlamentaria para los préstamos correspondientes.
“¿Cómo condenar al sobornador, si no hay sobornados?”, se preguntó el empresario Ángel Rondón, principal imputado en el caso, a su salida del tribunal.
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El enriquecimiento del ex ministro
El único político condenado es el dominicano Víctor Díaz Rúa, quien dirigió el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) entre 2004 y 2007 y estuvo los cinco años siguientes al frente del Ministerio de Obras Públicas, bajo la presidencia de Leonel Fernández.
El tribunal no vio que existan pruebas suficientes de que Díaz Rúa recibiera sobornos, pero sí consideró probado que se enriqueció de forma ilícita e hizo maniobras para ocultar sus bienes. Al leer el fallo, las juezas destacaron que el patrimonio del exministro pasó de 62 millones a 218 millones de pesos (de 1,1 a 3,8 millones de dólares) entre 2006 y 2008, sin que el imputado haya sido capaz de justificar el origen de los fondos.
Como parte de la condena, el tribunal confiscó parte de los bienes del exministro, incluyendo tres empresas, dos inmuebles y un yate, además de dos compañías a nombre de Rondón, que deberán servir para resarcir en parte las arcas públicas.
Un caso politizado
El caso Odebrecht causó desde sus inicios, en 2017, un terremoto político en República Dominicana, puesto que salpicó a funcionarios de los dos principales partidos políticos que se han repartido el poder en las últimas décadas. La investigación causó gran indignación en la opinión pública, ocasionando inéditas manifestaciones contra la corrupción y contra la impunidad, aglutinadas en el movimiento Marcha Verde, aunque este jueves no había ninguna concentración popular frente al tribunal.
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La investigación también se convirtió en arma arrojadiza entre los partidos, y algunos imputados siempre han defendido que fueron incluidos en el caso por motivos políticos.
Un caso que sigue
El de este jueves no será el último capítulo del caso Odebrecht, puesto que los abogados de los dos condenados y la Fiscalía anunciaron que recurrirán el veredicto. También, la Fiscalía ha adelantado que sigue investigando las ramificaciones del caso no investigadas hasta ahora, en lo que ya se conoce como el caso Odebrecht 2.0.
En República Dominicana está en la mira la central termoeléctrica de Punta Catalina, licitada en 2014 y que fue la mayor obra ejecutada por Odebrecht en el país, pero fue sacada del caso en una polémica decisión de la Fiscalía que encabezaba en esa oportunidad Rodríguez
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