Israel reabre el proceso para registrar tierras de Cisjordania por primera vez desde 1967

(EFE).- Este domingo, el Gobierno de Israel aprobó reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante y definitiva terreno de este territorio palestino, según un comunicado difundido a EFE por el Ministerio de Justicia.

“La propuesta aprobada constituye una verdadera revolución en Judea y Samaria (nombre bíblico con el que los nacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania). La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes”, aseguró el titular de Justicia, Yaariv Levin, tras la aprobación de la medida, que promovió junto a las carteras de Defensa y Finanzas.

El objetivo de la medida es “el registro de extensas áreas” en Cisjordania a nombre del Estado israelí, mientras el Gobierno de Israel pasará a dotar a la autoridad gubernamental competente de presupuesto y equipos para llevar a cabo la colonización del terreno.

Justicia específica en el comunicado que el proceso se aplicará en el Área C de Cisjordania, siendo esta la zona bajo dominio administrativo y militar israelí (abarca el 60% del total del enclave).

La división por zonas, establecida en los Acuerdos de Oslo, estipula además un Área A bajo control administrativo y militar palestino (18% del territorio); y un Área B, de administración palestina y control de seguridad israelí (22%).

“Continuamos con la revolución de los asentamientos y la apropiación de tierras en todo nuestro país. Por primera vez desde la Guerra de los Seis Días, estamos restaurando el orden y la gobernanza en la gestión de las tierras de Judea y Samaria”, dijo por su parte el ministro de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, según el comunicado.

Israel ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967. A raíz de ello, el fiscal general militar israelí en el momento emitió una orden para suspender de inmediato estos procesos de titularidad en dicho territorio palestino, ya que estos contravienen el derecho internacional al ser Israel una potencia ocupante.

Israel Katz, titular de Defensa, reivindicó la medida como un movimiento “de seguridad y jurídico esencial, diseñado para asegurar control, su aplicación y la total libertad de acción del Estado de Israel en el territorio”.

Además, la medida “permitirá al Ejército y el estamento de defensa actuar con determinación” en estas áreas de Cisjordania con tal de “salvaguardar los intereses nacionales” de Israel, agregó.

Regularización de la titularidad en terreno palestino

La ONG israelí Yesh Din explica que este proceso, conocido como la liquidación de títulos, se llevó a cabo en Palestina por el Mandato Británico (1920-1948) para determinar la propiedad de la tierra. Tras 1948, el reino de Jordania, que pasó a administrar Cisjordania, continuó el procedimiento.

“La regularización de la titularidad es un proceso mediante el cual se determina la titularidad de un terreno y se inscribe a nombre de los propietarios legítimos en el registro de la propiedad (conocido como tabú o tapú) de forma definitiva y vinculante”, recogía Yesh Din en su página web el pasado septiembre.

“Una vez concluido, el proceso de registro es raramente reversible“, sigue.

Y añadía: “Los procedimientos de liquidación de títulos son actos propios de una soberanía permanente, ya que crean y determinan derechos absolutos a perpetuidad. Por lo tanto, un régimen de ocupación, que es temporal por definición, debe abstenerse de realizar actos que caracterizan a un régimen permanente”, señala la ONG.

Peace Now, ONG pacifista israelí, apunta que la medida puede generar un “despojo masivo” para los palestinos de sus tierras en el Área C, además de un proceso de anexión y aplicación de la soberanía israelí en estos territorios ocupados.

Además, que estas tierras pasen a estar registradas como terreno estatal de Israel o bajo nombres de ciudadanos israelíes “llevará a complicaciones legales y costes inmensos cuando se llegue a un (hipotético) acuerdo político de dos Estados“, añade.