Con 11 votos a favor y 10 en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del Perú aprobó el informe final de una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Esta es la primera denuncia constitucional que es aprobada en este grupo de trabajo contra Castillo, trámite que deberá seguir su curso en la Comisión Permanente del Congreso para, si alcanza los votos suficientes, llegar al pleno del Parlamento.
Existe otra denuncia constitucional contra el mandatario en esta misma subcomisión, presentada en octubre por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y basada en tres de las seis investigaciones que esa institución le ha abierto a Castillo por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno, pero ésta aún no ha sido debatida ni votada.
El mandatario ha rechazado todas las acusaciones en su contra y las considera parte de una persecución política contra él y su familia, así como acciones golpistas contra su gobierno.
El Congreso ya ha rechazado dos mociones de vacancia contra Castillo, otro mecanismo previsto en la Constitución que, al igual que la denuncia constitucional, busca apartar al presidente de su cargo. En los dos intentos de provocar la vacancia, las mociones no alcanzaron los 87 votos que se requieren para avanzar.
La denuncia constitucional contra Castillo aprobada este viernes por la subcomisión fue presentada en febrero luego de una entrevista al mandatario en el programa Conclusiones, de CNN, donde Castillo dijo que estaría dispuesto a considerar una consulta popular para decidir sobre la concesión de una salida al mar a Bolivia. Bolivia perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico, que entre 1879 y 1884 enfrentó a Chile contra la alianza que formaban Bolivia y Perú.
Minutos después de la aprobación del informe de la subcomisión, en una reunión en el Palacio de Gobierno con dirigentes de Lima, el presidente Castillo dijo: “No nos amilanan, nosotros acá estamos por el país”, y agregó que espera que “el Congreso actúe mirando al pueblo peruano, no a las personas”.
El informe de la subcomisión busca acusar al mandatario a través del juicio político por infracción a la Constitución y propone la “inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública”. La subcomisión también propone “acusar al mandatario a través del antejuicio por comisión de delito como presunto autor del delito de Traición a la Patria previsto y sancionado por el artículo 325° del Código Penal”.
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