(EFE) – La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, reconoció hoy que algunas de las medidas incluidas en la nueva ley de inmigración, aprobada anoche con apoyo de los conservadores y de la ultraderecha, pueden ser contrarias a la Constitución y el Gobierno pedirá examinarlas.
En una entrevista con la radio pública France Inter, Borne se pronunció en la misma línea que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien ayer en el Senado había expresado dudas sobre la constitucionalidad de algunas de las disposiciones que incluye el texto, endurecido en las negociaciones con el bloque conservador de Los Republicanos (LR).
“El presidente de la República va a remitirlo al Consejo Constitucional“, indicó Borne, en referencia al organismo que se encarga de velar por que las leyes francesas estén acordes a la Carta Magna.
Borne aseguró que el Ejecutivo no excluye modificaciones futuras sobre algunos puntos, incluso algunas de las medidas más polémicas sobre las restricciones de acceso a ayudas sociales o la exigencia de una fianza a los estudiantes extranjeros.
Pese todo a esto, Borne aseguró que su sensación es de “deber cumplido” e intentó minimizar la tormenta política que ha desatado la aprobación de un texto que la ultraderecha de Marine Le Pen ha caracterizado como una “victoria ideológica”.
La primera ministra negó que el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, haya presentado su dimisión, aunque reconoció que hay malestar en los sectores más progresistas del macronismo.
El Gobierno minimiza el rol de la ultraderecha
En ese marco, Borne se esforzó en incidir en que ella descarta los votos del bloque de Le Pen, Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), en sus cuentas sobre el trámite parlamentario, a pesar de que si estos hubieran votado en contra la medida no habría prosperado.
Borne aseguró, no obstante, que el cordón sanitario a la ultraderecha en Francia se mantiene.
Igualmente, intentó aplacar la indignación sobre algunas de las medidas más controvertidas -por ejemplo, la fianza a los estudiantes aseguró que podría quedarse en 15 o 20 euros- y prometió que no desaparecerá la ayuda médica del Estado a los inmigrantes sin papeles, a pesar de que el Gobierno se ha comprometido con los conservadores de LR a reformarla.
El presidente francés, Emmanuel Macron, también intentará calmar las aguas hoy con una intervención en el programa de televisión “C à vous“, de la cadena pública France 5.
En paralelo, asociaciones y organismos franceses dedicados a la lucha contra la exclusión han anunciado por su parte que también acudirán al Consejo Constitucional para que revise la polémica ley.
La Federación de Actores de la Solidaridad (FAS), compuesta por unas 900 asociaciones, avanzó la pasada noche en un comunicado que “se implica desde ya en los pasos necesarios para el examen por parte del Consejo Constitucional de las medidas contrarias a los principios fundamentales de solidaridad y de fraternidad indisociables de nuestra República“.
La ley de inmigración fue aprobada anoche en la Asamblea Nacional francesa por 268 votos a favor (los del bloque macronista, los conservadores de LR y los 88 de la ultraderecha del RN) y 186 en contra (incluidos 27 macronistas).
El texto votado es producto de un acuerdo alcanzado el mismo lunes en una comisión mixta de las dos cámaras parlamentarias, en la que había una clara mayoría de la derecha.
Endureció considerablemente la propuesta inicial del Ejecutivo, ya que el bloque conservador de Los Republicanos, que fue imprescindible para sacarla adelante, puesto que el macronismo carece de mayoría absoluta, había defendido la necesidad de hacer menos atractivo el sistema social francés para los inmigrantes, al considerar que llegan demasiados.
Según la ONU, el país europeo cuenta con cerca de un 12% de población extranjera, por detrás de España (13%), Estados Unidos (15%), Austria (17%) y Suiza (29%), entre otros.
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