La iniciativa ha provocado polémica ya que esto podría restringir el derecho a manifestarse.
El proyecto fue presentado por siete diputados del Frente para la Victoria, la coalición política gobernante y estaría en la línea de lo planteado por la presidenta Cristina Fernández.
Entre los artículos de la propuesta se expresa que toda manifestación deberá ser notificada ante la policía con 48 horas de antelación y se propone una diferenciación entre marchas legítimas e ilegítimas.
De aprobarse la iniciativa, podrían considerarse ilegítimas aquellas marchas que interrumpen el desplazamiento ciudadano o que impidan el normal funcionamiento de servicios públicos, como la educación, el transporte y la salud. Puntos que han provocado la molestia de varios sectores, incluso desde el mismo oficialismo, que argumentan que esto atentaría contra el derecho a la libre manifestación.
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