El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ironizó provocativamente con algunas críticas y acusaciones que ha recibido por parte de sus opositores, al autodenominarse como “dictador” de su país, en la descripción de su cuenta oficial de Twitter.
Pese a que inicialmente se pensó que se trataba de un hackeo a las redes sociales del mandatario, funcionarios del Gobierno confirmaron horas más tarde al medio AFP que se trató de una movida del propio Bukele, quien anteriormente también causó revuelo por autodefinirse como “un instrumento de Dios para nuestra historia”.
Previamente, el Jefe de Estado realizó un discurso en alusión al Bicentenario de la Independencia de Centro América, donde aprovechó de criticar a sus adversarios, quienes lo han tildado de dictador por acciones como destituir y reemplazar a todos los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema del país caribeño.
“Aquí no hay una dictadura, aquí hay una democracia que se ha expresado libremente en las urnas y no una sino dos veces”, aseguró Bukele, recordando su victoria en las elecciones presidenciales de 2021 y el de su sector que triunfó en los comicios legislativos de este año.
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Las declaraciones del mandatario llegaron después de que se concretara una multitudinaria manifestación en contra de su gestión y algunas de sus medidas más controversiales, como la posibilidad de habilitar la reelección o la instalación del Bitcoin como moneda de curso legal.
Por otro lado, este lunes el juez salvadoreño, Juan Antonio Durán, denunció desde sus redes sociales un supuesto acoso por parte de la Policía Militar y la Policía Nacional Civil.
Por este medio denuncio ante el pueblo salvadoreño y la comunidad internacional, el acoso de la Policía Militar y Policía Nacional Civil que está afuera de mi casa. Desconozco si hay orden de captura. Por de pronto, estamos bien. Y dice que no es dictadura. No nos detendrán.
— Juan Antonio Durán R (@tonyduransv) September 20, 2021
Esto, luego de que el pasado viernes, Durán difundiera una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado salvadoreño, a raíz de una reforma aprobada por el Congreso que pretende jubilar a todos los magistrados con más de 60 años o 30 años de servicio.
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