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(EFE) – El defensor del pueblo de Perú, Walter Gutiérrez, envió este lunes un oficio al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para solicitar que inicie investigaciones contra el presidente, Pedro Castillo, por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión.

En declaraciones a la emisora RPP, Gutiérrez indicó que solicitará al fiscal supremo que evalúe la decisión que tomó su predecesora, Zoraida Ávalos, quien abrió una pesquisa preliminar en enero pasado contra el mandatario, pero la suspendió hasta el final de su gestión por la inmunidad de la que goza el jefe de Estado.

Gutiérrez, que asumió su cargo el miércoles pasado y anunció que su gestión al frente de la Defensoría culminará el próximo 20 de abril, mencionó que, de demostrarse, la inocencia de Castillo y su legitimidad podría verse reforzada.

Tráfico de influencias y colusión

El 4 de enero pasado, la exfiscal suprema Zoraida Ávalos, única autoridad que puede imputar a un presidente, abrió investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, pero suspendió las diligencias hasta julio de 2026, cuando está previsto que culmine el mandato presidencial.

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Castillo fue imputado por, presuntamente, haber influido en las licitaciones para la construcción de un puente y para la adquisición de combustible para la petrolera estatal Petroperú, así como por haber presionado para que ascendieran irregularmente a militares de su círculo cercano.

Las investigaciones comenzaron a raíz de las reuniones que supuestamente mantuvo el mandatario con la empresaria Karelim López para interceder a favor del consorcio Puente Tarata III, que López representaba, para la construcción de un puente en la selva central del país.

Por este caso, el Ministerio Público está investigando a 11 personas, entre ellas dos sobrinos de Castillo y el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía incautó US$ 20 mil escondidos en el baño de su oficina.

Al mismo tiempo, los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, denunciaron que fueron destituidos por Castillo por negarse a ascender irregularmente a militares allegados al presidente, como se les demandaba desde el Palacio de Gobierno.

Por todas estas acusaciones, Castillo afrontó la semana pasada un juicio político en el Congreso, después de que un sector de la oposición política presentara una segunda moción de destitución en su contra, que finalmente quedó lejos de alcanzar los votos necesarios para sacarlo del poder.

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