(EFE) – La Policía brasileña abrió formalmente este lunes una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro para indagar un supuesto delito de prevaricación en la adquisición de vacunas contra el COVID-19, una enfermedad que ya deja más de 533.000 muertos en el país.
La investigación fue iniciada por la Policía Federal tras la autorización dada a comienzos de mes por la magistrada Rosa Weber, miembro de la Corte Suprema de Brasil, tras un pedido realizado por la Fiscalía.
La investigación deberá establecer si el líder de la ultraderecha brasileña cometió prevaricación y otros delitos en las negociaciones para la compra de la vacuna Covaxin, elaborada por la farmacéutica india Bharat Biotech.
Las sospechas fueron puestas sobre la mesa por el diputado Luis Miranda, de la base política que respalda a Bolsonaro, y su hermano Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, durante una comisión del Senado que intenta determinar si el Gobierno es responsable del agravamiento de la pandemia en el país.
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Luis Miranda reveló que el presidente ignoró informaciones que le fueron dadas sobre irregularidades en el contrato de intención de compra desarrollado por el laboratorio Bharat Biotech, el cual fue suspendido sólo cuando las sospechas fueron reveladas por la comisión y la prensa local.
“Se trata de una historia fantasiosa que sólo sirve para que tres senadores se promuevan políticamente“, declaró este fin de semana Bolsonaro.
La Policía Federal tendrá ahora un plazo inicial de 90 días, prorrogables, para concluir las investigaciones y, con base en ella, la Fiscalía deberá determinar si hay indicios sólidos contra el capitán de la reserva del Ejército.
En caso de encontrar evidencias, la Fiscalía podría presentar una denuncia contra Bolsonaro ante la Corte Suprema. No obstante, en caso de aceptarla, el máximo tribunal tan solo podrá iniciar un juicio con el aval de una mayoría de dos tercios del pleno de los 513 diputados, una mayoría que actualmente se desconoce si podría reunirse.
En caso de que siga adelante el proceso, el mandatario sería suspendido de sus funciones durante los 180 días que el Supremo tendría de plazo para concluir el juicio y destituido si fuera declarado culpable.
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