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(EFE) – El cuarto y hasta ahora último detenido por el atentado frustrado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue trasladado este viernes ante la jueza del caso para ser interrogado.

Según explicó Gastón Marano, abogado del detenido, Nicolás Carrizo, de 27 años, su defendido, a quien los investigadores atribuyen como prueba en su contra mensajes sospechosos en su teléfono, “no es un asesino”.

Él no es un asesino de ninguna manera, va a quedar claro que no solamente es un laburante, sino que es un laburante que le daba trabajo a otras personas. En el marco de ese dar trabajo lamentablemente se ha cruzado o rodeado tal vez de las personas menos idóneas para tenerles confianza”, señaló el letrado antes de entrar a los tribunales de Buenos Aires donde se tramita el expediente.

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Los “copitos”

Carrizo es conocido en los medios como jefe de la “banda de los copitos”, como se denomina al grupo de vendedores de algodones de azúcar -al que también pertenecían los dos primeros detenidos- que se colocaban en medio de las manifestaciones en apoyo a Fernández a las puertas de su domicilio que se dieron desde que el 21 de agosto un fiscal pidió para ella 12 años de prisión por presunta corrupción.

Es durante una de esas concentraciones cuando el 1 de septiembre, según se pudo ver en diversas imágenes en video, el primero de los detenidos, el brasileño Fernando Sabag Montiel, de 35 años, se acercó a la también ex presidenta y gatilló dos veces a pocos centímetros de su cara, sin que finalmente saliera el disparo.

Ni Sabag Montiel ni su novia, Brenda Uliarte, de 23 años y detenida 3 días después, han aceptado declarar ante la Justicia, aunque la jueza María Eugenia Capuchetti ya los procesó por haber presuntamente intentado dar muerte a la vicepresidenta con la planificación y acuerdo previo entre ambos.

El abogado de Carrizo remarcó este viernes que su cliente “no tenia ninguna idea de la intención criminal” de Sabag Montiel y Uliarte, y agregó que a ellos los une “un vínculo comercial”.

“Son un conjunto de personas que tenían lo que podemos denominar una changa (trabajo informal): salir a vender copos de azúcar en lugares de multitud. Él (Carrizo) tenia una máquina, los producía, le vendía su mano de obra y su producto a los dos procesados y ellos salían a revenderlo”, señaló.

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Un “negocio lícito”

Marano también criticó que Carrizo sea denominado “jefe de la banda de los copitos”, ya que insistió con que es “productor de la materia prima que vendían” en un “negocio lícito”.

Asimismo, llamó a esperar a conocer qué es lo que le imputa la Fiscalía y si hay pruebas con “entidad” para demostrar que se cometió “algún ilícito”.

A Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo se suma otra detenida, Agustina Díaz, de 21 años, amiga de Uliarte y arrestada tras descubrir los investigadores una serie de mensajes en los que supuestamente su amiga le confesaba su plan de “mandar a matar a Cristina”.

Según los abogados de Díaz, la joven explicó en el juzgado que “en ningún momento creyó” que lo que Uliarte le decía “se podía llevar a cabo”, al considerar que la novia de Sabag Montiel era “manipuladora y fabuladora”.

De forma paralela a estas detenciones, la Agencia Federal de Inteligencia presentó al tribunal material que podría vincular al grupo “Revolución Federal” —que desde hace unos meses hace escraches a figuras del Gobierno— con el intento de magnicidio.

El jefe de Inteligencia presentó unos audios de una transmisión en la cuenta de Twitter de la organización en los que se escucha a algunos de sus miembros pronunciar frases relacionadas con matar a la vicepresidenta; a su hijo, el diputado Máximo Kirchner y al presidente Alberto Fernández.

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