En una acción sin precedentes, activistas argentinos comprometidos con la defensa de los derechos humanos presentaron una solicitud de juicio político ante el Congreso, dirigida al presidente Javier Milei.
Esta acción se fundamenta en las acusaciones de mal desempeño de sus funciones y la presunta comisión de delitos por parte del mandatario.
El documento cuenta con las firmas destacadas de reconocidas personalidades como el Premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel, la exembajadora argentina en Venezuela y Reino Unido Alicia Castro, y la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, entre otros firmantes de renombre en el ámbito de los derechos humanos.
En el escrito, se hace un llamado directo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que inicie el proceso de juicio político contra Milei.
Los promotores de esta iniciativa son conscientes de que este proceso debe atravesar varios filtros antes de llegar a la celebración de un juicio político propiamente dicho, pero han identificado causas fundamentales que respaldan su solicitud.
Las causas del juicio político contra Milei
Una de estas causas, resaltada en el documento, es el concepto de “genocidio económico”, que alude a las medidas de ajuste económico severas implementadas por el gobierno argentino.
Asimismo, se enumeran diversos delitos que se imputan al jefe de Estado, como la instigación a la población para cometer delitos específicos, la apología del delito, la incitación a cometer delitos financieros que podrían afectar la división de poderes, y la posible comisión del delito de apología del crimen.
El documento presentado también añade cargos por abandono de personas y el incumplimiento de deberes como funcionario público.
Estos actos habrían llevado, según los activistas, al desfinanciamiento y desmantelamiento de recursos destinados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, poniendo en riesgo la vida y la salud de miles de personas que dependen de los comedores comunitarios.
Por otro lado, el pedido de iniciar un proceso de enjuiciamiento contra Milei también hace referencia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente, que según los activistas, evidencia un claro mal desempeño y la necesidad de examinar posibles violaciones a la normativa penal.
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