América Latina concentró el 85% de los crímenes de defensores ambientales en 2025, según informe: Más de la mitad eran indígenas y agricultores

(CNN/Associated Press) — Al menos 124 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados en todo el mundo el año pasado, y América Latina concentró el 85% de las muertes, mientras los conflictos por la tierra y los recursos naturales continuaron poniendo en riesgo a los pueblos indígenas y a los pequeños agricultores, según un informe publicado este miércoles.

El informe anual del grupo de defensa del medioambiente y los derechos humanos Global Witness documentó 105 asesinatos en América Latina en 2025. Colombia fue el país más mortífero por cuarto año consecutivo, con 39 asesinatos, seguido de Brasil, con 26. Honduras y Filipinas registraron 12 cada una.

Los defensores de la tierra y el medioambiente son personas que trabajan para proteger sus tierras, recursos naturales y comunidades de amenazas como la minería, la tala, la agroindustria y otros proyectos de desarrollo, a menudo documentando daños ambientales, organizando a las comunidades o patrullando el territorio.

Entre los asesinados se encontraba Vicente Fernandes Vilhalva, miembro de 36 años del pueblo indígena guaraní kaiowá de Brasil, quien recibió disparos durante un ataque armado contra su comunidad en Mato Grosso do Sul en noviembre. Su comunidad lleva mucho tiempo luchando por recuperar su territorio ancestral.

En conjunto, Colombia y Brasil concentraron el 52% de todos los asesinatos documentados a escala mundial.

La cifra mundial disminuyó por segundo año consecutivo, pero el informe advirtió que este descenso no significa necesariamente que los defensores ambientales estén más seguros.

El grupo afirma que sigue existiendo un importante subregistro de asesinatos, mientras que las disputas por la tierra, el crimen organizado y la competencia por los recursos convergen cada vez más en regiones donde las comunidades intentan proteger bosques, ríos y territorios ancestrales.

El grupo documentó 142 asesinatos y cuatro desapariciones en 2024, y 196 asesinatos en 2023. Sin embargo, las tendencias variaron considerablemente a nivel nacional.

Los asesinatos disminuyeron en Colombia, de 48 en 2024 a 39 el año pasado, y en México, de 19 a 10. En Brasil, aumentaron más del doble, de 12 a 26, mientras que Honduras también registró el doble de asesinatos, con 12.

El informe documentó 2.375 asesinatos y desapariciones de defensores de la tierra y el medioambiente desde que la organización comenzó a hacerles seguimiento en 2012, en uno de los pocos esfuerzos por recopilar sistemáticamente estos casos en todo el mundo.

Global Witness trabaja con más de 30 organizaciones en más de 20 países y contrasta los casos con fuentes que incluyen informes de prensa y registros judiciales.

Los pueblos indígenas y los agricultores se llevan la peor parte

Más de tres cuartas partes de las personas asesinadas en 2025 eran indígenas, pequeños agricultores o afrodescendientes, según el informe. Cuarenta y siete víctimas eran pequeños agricultores y 44 eran indígenas. Siete de las víctimas indígenas pertenecían a sistemas de guardias comunitarias establecidos para proteger sus territorios.

Las disputas por la tierra estuvieron relacionadas con 84 asesinatos, más de la mitad del total mundial. La minería y las industrias extractivas estuvieron asociadas con 11 muertes, la tala con ocho y la agroindustria con seis.

Según Global Witness, se sospecha que el crimen organizado y los sicarios estuvieron implicados en más de un tercio de los asesinatos, lo que refleja lo que la organización describió como una creciente convergencia entre la actividad delictiva y la explotación de la tierra y los recursos naturales.

Casi la mitad de los 39 defensores asesinados en Colombia eran indígenas y otros 15 eran pequeños agricultores. 35 muertes estuvieron relacionadas con conflictos por la tierra. El grupo de defensa identificó presuntos vínculos con el crimen organizado en 17 asesinatos y con sicarios en otros cinco.

Trece de los asesinatos ocurrieron en el departamento suroccidental del Cauca, incluidas las muertes de cuatro miembros de la Guardia Indígena, grupos dirigidos por las comunidades que patrullan y protegen los territorios indígenas. El informe documentó 171 asesinatos de defensores en el Cauca desde 2012, más que en cualquier otro departamento colombiano.

Astrid Torres, coordinadora del grupo colombiano de defensa de derechos Somos Defensores, dijo que las autoridades indígenas pueden entrar en conflicto con grupos armados que buscan controlar el territorio para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

“Quieren imponer su orden en contra de los intereses de las comunidades y de sus propias autoridades”, dijo Torres.

La ubicación de la región cerca de la frontera con Ecuador y de las rutas de tráfico del Pacífico la ha convertido en un lugar estratégico para los grupos armados involucrados en el comercio de cocaína.

Brasil registra un fuerte aumento de los asesinatos

Los 26 asesinatos documentados en Brasil fueron más del doble de los 12 registrados un año antes.

Once de las personas asesinadas eran pequeños agricultores y siete eran indígenas. La mayoría de los casos estaban relacionados con demandas de reconocimiento de territorios ancestrales o de reforma agraria, y la mitad se concentraba en los estados amazónicos de Rondonia y Pará, donde la tala y la minería ilegales, la ganadería y la expansión agrícola han contribuido a prolongados conflictos por la tierra.

El aumento se produjo pese a la mayor participación indígena y a los compromisos sobre los derechos territoriales asumidos en la cumbre climática COP30 del año pasado, celebrada en la ciudad amazónica de Belém. Brasil anunció la titulación de 10 territorios indígenas durante la cumbre, aunque cientos de solicitudes siguen pendientes.

El Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil dijo a The Associated Press en una respuesta escrita que reducir la violencia contra las comunidades indígenas requiere garantizar la seguridad de sus territorios, combatir las invasiones y las actividades ilegales y responsabilizar a quienes cometen delitos.

Señaló que el gobierno ha reanudado la demarcación de tierras indígenas y ha llevado a cabo operaciones para expulsar a personas ajenas de 12 territorios, beneficiando a más de 67.000 indígenas.

Las amenazas se extienden más allá de América Latina. En 2025 se documentaron asesinatos en 15 países.

Asia representó el 12 % del total mundial. Filipinas registró 12 asesinatos, la cifra más alta fuera de América Latina, y el informe señaló que en cinco de ellos se sospechaba de la participación de militares en el marco de operaciones de contrainsurgencia. También se documentaron asesinatos en India, Indonesia, Turquía, Guatemala, Ecuador, Nicaragua y Francia.

En África se verificaron tres asesinatos: dos en Tanzania y uno en la República Democrática del Congo. El informe advirtió que los conflictos armados, las restricciones a la sociedad civil y la inseguridad hacen que sea especialmente difícil documentar los ataques allí.

En el Congo, el periodista Fiston Wilondja Mazambi fue hallado muerto en Bukavu después de investigar la presunta extracción ilegal de oro por parte del grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda. Global Witness ha registrado 79 asesinatos de defensores en el Congo desde 2012, la cifra más alta que ha documentado en África.

El informe también se centra en las estrategias de protección lideradas por las comunidades que se están adoptando a medida que los grupos indígenas responden a amenazas que los gobiernos a menudo no han logrado contener. Estas incluyen patrullas territoriales, sistemas de alerta temprana y redes comunitarias de vigilancia.

En Perú, donde cuatro defensores fueron asesinados el año pasado, el informe destaca a la Guardia Indígena Kakataibo, cuyos miembros patrullan el territorio amazónico amenazado por el cultivo ilegal de coca y el crimen organizado.

“Defender nuestro territorio es importante para nosotros como comunidad y como pueblo, y nos enorgullece contribuir a la protección del clima del que todos dependemos”, dijo en un comunicado Segundo Ispón, comandante de la Guardia Indígena Kakataibo. “Pero para esta próxima generación, el trabajo es más peligroso que nunca”.