(EFE) – Los abogados del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, destituido el 14 de diciembre por la Asamblea Nacional, anunciaron hoy martes que pedirán una orden judicial para anular la orden de detención temporal emitida contra el mandatario para interrogarlo con respecto a su declaración de la ley marcial a principio de mes.
Uno de los letrados de Yoon, Yun Gap-geun, afirmó al realizar el anuncio ante los medios que las órdenes de arresto y registro de la oficina y la residencia presidencial emitidas hoy son “ilegales e inválidas” porque los solicitantes -el equipo formado por la oficina anticorrupción, la policía y el Ministerio de Defensa- no tienen potestad para investigar los cargos de insurrección de los que se acusa a Yoon.
Yun también indicó que el equipo de asesores legales del Yoon pedirá al Tribunal Constitucional que revise la constitucionalidad de la orden emitida.
Un tribunal del Distrito Oeste de Seúl emitió hoy la orden contra Yoon -acusado de planear la fallida declaración de ley marcial del 3 de diciembre, orquestar una insurrección y abusar de su poder- después de que el mandatario haya ignorado tres citaciones para ser interrogado al respecto.
Técnicamente, la ley surcoreana establece que solo la Fiscalía puede investigar un delito de insurrección, que en el país asiático acarrea la cadena perpetua o la pena capital (sobre la que existe una moratoria desde 1997) para aquellos a los que se considera líderes de una revuelta de este tipo.
Tras obtener la orden judicial el equipo de investigación cuenta ahora con 48 horas para mantener detenido a Yoon para interrogarlo.
En cualquier caso, persiste la incertidumbre sobre si se podrá ejecutar la orden, que tiene una semana de validez, ya que el Servicio de Seguridad Presidencial ha impedido que los investigadores entren tanto en el complejo de la oficina presidencial como en la residencia oficial de Yoon para realizar registros aprobados por tribunales.
La orden emitida hoy supone la primera vez en la historia democrática del país asiático en que un presidente aún en el cargo encara la posibilidad de ser detenido.
Yoon fue destituido el pasado 14 de diciembre por la Asamblea Nacional (Parlamento), lo que lo ha despojado momentáneamente de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si restituye sus competencias o lo inhabilita definitivamente.
Ha negado las acusaciones argumentando que su declaración de la ley marcial fue un “acto de gobernanza” que buscaba advertir a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, contra lo que ha descrito como un abuso del poder legislativo que busca minar al Estado y apoyar al régimen de Corea del Norte, con quien el Sur está técnicamente en guerra.
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