En conversación con CNN Chile Radio, el vicepresidente ejecutivo de la asociación de rectores y titular de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, analizó las fallas de seguridad tras la agresión a la ministra Ximena Lincolao.
La situación de seguridad en los planteles de educación superior se tomó la agenda pública tras los incidentes registrados la semana pasada en la Universidad Austral. En dicho contexto, el vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Emilio Rodríguez, abordó la autocrítica que ha realizado la institución y los pasos a seguir para evitar nuevos episodios de violencia.
En entrevista con CNN Chile Radio, Rodríguez reconoció que la gestión del conflicto por parte de la rectoría de la UACh, liderada por Egon Montesinos, no fue la adecuada frente a la retención de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. “El rector ha sido bastante claro para reconocer que la estrategia con la que se abordó la situación emergente no fue la correcta. Buscó el diálogo, pero no le puso un plazo finito a ese diálogo, entonces allí cabían otras opciones”, afirmó el académico.
#CNNChileRadio | Estamos conversando con el director ejecutivo del CRUCH, Emilio Rodríguez.
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— CNN Chile (@CNNChile) April 13, 2026
Para el rector de la Universidad de Tarapacá, uno de los puntos clave radica en la confusión sobre los límites de la autoridad institucional y el orden público. Rodríguez fue enfático al señalar que la condición de campus universitario no exime la aplicación de la ley general. “La autonomía universitaria nunca va a significar un territorio dentro de otros territorios. Nosotros estamos en Chile, se aplican todas las leyes de Chile”, explicó.
En esa línea, señaló que ante un “delito flagrante”, como lo es la retención de una autoridad de Estado, no existe prohibición para el ingreso de la fuerza pública. “Carabineros no depende de la universidad para ingresar cuando hay un delito flagrante. Si vemos que hay una persona que está retenida, que es una ministra de Estado, no hay allí una prohibición para el ingreso de la fuerza pública”, añadió.
Frente a la gravedad de los hechos, el vicepresidente del CRUCH propuso que las instituciones deben contar con mecanismos más ágiles de castigo. “No veo yo en los últimos años cuestión de mayor gravedad que la que ha ocurrido. Una recomendación sería que se hiciera un proceso sumarial ejecutivo, donde exista un fiscal de dedicación exclusiva y pueda terminar esto en días, no en meses y no en años“, planteó.
Respecto a la propuesta parlamentaria de quitar la gratuidad a estudiantes involucrados en desmanes —emulando la ley Aula Segura—, Rodríguez evitó tomar una postura personal antes de la reunión del organismo colegiado, aunque adelantó que el debate debe ser riguroso. “Vincular lo disciplinario con lo económico es una discusión valórica profunda que seguramente se va a llevar a cabo en el Parlamento. No es una cuestión trivial“, señaló.
Finalmente, el rector concluyó que la prioridad del Consejo de Rectores será trabajar en la optimización de protocolos de seguridad en la próxima sesión en Chillán, enfatizando que “la violencia no tiene lugar en las instituciones universitarias”.
El programa, que ya ha impulsado a jóvenes talentos chilenos y latinoamericanos, busca profesionales y expertos dispuestos a guiar la próxima generación de proyectos con impacto positivo en el planeta. Las postulaciones finalizan el 31 de mayo de 2026.
