En entrevista con CNN Chile Radio, Gustavo Sepúlveda, vocero de la mesa investigativa de la toma, abordó el protocolo de acuerdo alcanzado entre el gobierno y los dueños del terreno.
Este lunes, el Gobierno suscribió un protocolo de acuerdo con los dueños del terreno donde está emplazada la megatoma de San Antonio.
Con esta acción, se suspendió el desalojo de la megatoma, programado para efectuarse a las 10:00 horas del jueves 27 de febrero, según fijó la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Sepúlveda partió señalando que “a pesar de todos los argumentos jurídicos, de algún modo hemos logrado relevar en el ministro (Montes) la perspectiva humanitaria. (…) Ya resulta evidente que esto tiene que resolverse, que tiene que haber un acuerdo de una perspectiva humanitaria”.
Sobre el acuerdo, sostuvo que “en primera instancia quedamos conformes porque está el ánimo de que exista un diálogo, pero mantenemos la crítica respecto a que no puede ser posible que los habitantes no estén ahí en esa negociación, a pesar de ser los eventuales compradores”.
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“Por un lado, estamos agradecidos obviamente producto del trabajo que hemos intervenido con toda esta instancia humanitaria (…), pero necesitamos que se siga respetando esta lógica de los pactos internacionales de DD. HH. y eso involucra que los afectados sean parte de las negociaciones”, agregó.
En esta línea, criticó la reserva de las negociaciones. “Deben ser audiencias públicas, que el vecino vaya a saber qué es lo que se está avanzando. (…) los vecinos están de acuerdo, pero la dirigencia pone la observación por estas pequeñas condiciones que no están respetando de algún modo una transparencia”.
“El proceso es lo que estamos cuestionando. En estos seis meses, el proceso que no puede ser hermético, secreto, privado, sino que tiene que ser público, con los habitantes, los afectados y los pobladores, también con su equipo técnico profesional que use una mesa transparente”, añadió Sepúlveda.
Por otra parte, mencionó que la acusación de que “todos los habitantes son usurpadores violentos (…) es falso”, detallando que el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso “está lleno de vicios”. “Hay varios excesos, varios vicios y el llamado fue justamente que se revisara la causa por los abogados”.
El Gobierno chileno hará entrega de los antecedentes recabados a la fecha respecto al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, de manera que sea sumada a las indagatorias que lleva el persecutor de la Corte.
