Hace pocos días, OPEN AI dio a conocer una propuesta de nuevo contrato social para la Inteligencia Artificial, en tiempos en los que se disemina el temor a la pérdida de control sobre esta nueva tecnología y sus consecuencias: un miedo a lo que se conoce como la “gran singularidad”.
La noticia es relevante, y el silencio político sobre ella habla mal de quienes gobiernan, tal como lo señaló Nathan Garden en su editorial del último número de la revista NOEMA.
La propuesta de OPEN AI es fascinante, a decir verdad revolucionaria: hay que tomarla en serio.
Su premisa es que nos encontramos en el umbral de la súper-inteligencia cuya existencia es cada vez menos hipotética: este es el momento de actuar para regularla.
El contrato social que propone OPEN AI gira en torno a tres principios:
1) PROSPERIDAD COMPARTIDA: la promesa de la IA avanzada no solo es la de un progreso tecnológico, es también la posibilidad de una mayor calidad de vida que debe ser para todos.
2) MITIGACIÓN DE RIESGOS: la transición hacia la súper-inteligencia conlleva peligros, y para evitarlos se requiere de nuevas instituciones y un nuevo marco de gobernanza.
3) DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO Y DE LA AGENCIA: esta tecnología acarrea tantos cambios en el bienestar de las personas que su acceso debe ser abordable (affordable) y expandir la agencia individual, esto es la capacidad humana de hacer cosas.
En la medida en que la parte del trabajo en la producción de riqueza ha disminuido mientras ha aumentado el valor que es creado por máquinas inteligentes (lo que la izquierda todavía no ha entendido, permaneciendo anclada en el siglo XX de la fábrica), OPEN AI afirma que este fenómeno aumentará de modo colosal la riqueza de quienes son los “propietarios de los robots”.
Hay que enfrentar esta consecuencia: OPEN AI propone la creación de un FONDO DE RIQUEZA PÚBLICA cuya distribución debiese tender a lo universal.
No se trata de aceptar sin más este contrato social, que probablemente contiene letra chica, o tal vez no ante un futuro estado del mundo que no conocemos. Lo que hay que valorar es que, por fin, un agente relevante propone un contrato social.
El gobierno de Chile en su pequeña escala debiese tomar nota de esta propuesta.
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