El 28 de julio estábamos en este estudio cuando el régimen de Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor de las elecciones presentando resultados que fueron refutados con evidencia concreta.
A partir del día siguiente, el régimen comenzó a detener a personas que cuestionaron su fraudulento triunfo.
La ONG venezolana Foro Penal se ha preocupado de identificar y verificar cada una de estas detenciones. Esta mañana informó que van 1305 arrestos, entre los cuales hay 117 adolescentes entre 14 y 17 años; 14 indígenas, 16 personas minusválidas, y 172 mujeres.
Entre ellas está María Oropeza, de 30 años de edad, que dirigió un comando regional de María Corina Machado y Edmundo González.
El martes, agentes uniformados llegaron a su casa, sin orden judicial, mientras ella transmitía en vivo por redes sociales.
Horas después, una cuenta identificada con las siglas DGCIM, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, difundió un video en que se muestran las imágenes que alcanzó a grabar María y a continuación su traslado en una avioneta con las manos atadas con amarras plásticas. De fondo se escucha música de película de terror.
Así funciona la “Operación Tun Tun”, bautizada por Diosdado Cabello y aludida esta semana por Nicolás Maduro.
Se trata de una acción represiva que consiste en arrestos masivos de opositores. Y se acompaña de un despliegue comunicacional con posteos en redes sociales y vocerías de Maduro y Cabello.
Todo esto es, obviamente, aterrador. Suena a “terrorismo de Estado”. Y a violación sistemática de derechos humanos, partiendo por la vulneración del derecho humano a la libertad de expresión.
María Oropeza estuvo en Chile y tiene amigos chilenos. Ni ellos ni su familia saben dónde y cómo está.
El régimen debe liberarla a ella y a los otros 1304 detenidos ahora.
Aunque eso no evitará el reproche moral y penal que Maduro arrastrará hasta el fin de sus días.
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