Regulación de aranceles en la educación superior: Víctor Orellana explica trabajo con instituciones para su implementación

Por Valentina Sánchez Cárdenas

Mientras se discute un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, en el Congreso se ha tramitado administrativamente la fijación de aranceles regulados.

Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, explicó en CNN Chile Radio que cuando comenzó a regir la gratuidad, el fisco debía regular la transferencia de recursos a las instituciones, y que hubo una primera etapa, considerando “en gran medida los aranceles que ya tenían las instituciones”.

La normativa, dijo, “quedó el compromiso de establecer una regulación permanente basado en costos necesarios y razonables para impartir las carreras naturalmente cuando hay recursos públicos involucrados, el Estado y el sistema tiene que ver y financiar los costos necesarios y razonables”.

La autoridad comentó que el gobierno anterior intentó llevar adelante la regulación permanente, pero que fue objetada por la Contraloría General de la República.

Es por ello que la actual administración tiene la obligación de implementar la ley, y que se ha trabajado junto con instituciones de educación superior y una comisión de expertos. 

“Esto no son valores que se fijan de manera unilateral por el Ministerio de Educación, hay una conversación de trabajo (…) Es un trabajo bien fino, bien técnico, tú tienes que levantar todos los costos del sistema en remuneraciones, infraestructura, equipamiento, personal de bienestar, por ejemplo, para cuidar en la adecuada formación de los estudiantes y eso tiene que reconocer a su vez calidad y complejidad”, detalló.

En ese sentido, el subsecretario remarcó que sin la regulación, los aranceles aumentaron desde 2010 hasta la fecha en un 44% por encima de la inflación, “es decir, no tenemos una garantía de que los aranceles que se fijan obedezcan necesariamente a precios y a costos necesarios y razonables”.

Además, hizo énfasis en que esa iniciativa no es del actual gobierno, sino que se trata de la “implementación de una ley que fue respaldada en el año 2018 por las principales fuerzas políticas del país, que hoy día están tanto en el Ejecutivo como en la oposición”.

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