Hoy se aprobó, después de una larga y penosa tramitación, repleta de vueltas de carnero y con reticencias de diputados oficialistas, la ley que establece multas por no votar. El gobierno y el Congreso cumplen así el mandato constitucional de la reforma promulgada en diciembre de 2022.
Sin duda le hace bien a la democracia que las decisiones nacionales sean tomadas por toda la población y no por su mitad politizada. Antes votaban válidamente 6 millones de personas en las elecciones de alcaldes y en octubre pasado votaron 11,7 millones.
En las presidenciales votaban habitualmente 7 millones y en la primera con voto obligatorio del 16 de noviembre y 14 de diciembre próximo votarán más de 12.
Eso fortalece la democracia, la pone más en sintonía con el país real. Todos los partidos y candidatos se ven forzados a salir de sus trincheras ideológicas y a compartir las prioridades de las personas. Por eso no tenemos hoy la distancia
sideral de prioridades programáticas que tuvimos en 2021.
Claro que el gobierno le puso precio al cumplimiento de su mandato constitucional: la limitación al voto de los extranjeros residentes. Ya no serán 5 años desde la obtención de su permiso de residencia temporal, sino que deberán transcurrir 10 años desde su permiso definitivo para que ingresen al padrón electoral.
En 1992 el censo del INE mostraba que el 0,8% de la población nacional había nacido fuera de Chile, mientras en 2024 se ha multiplicado once veces llegando al 8,8%.
Vinieron a Chile atraídos por la seguridad, la fortaleza de las instituciones democráticas y el crecimiento económico sostenido, por eso son los más sensibles al deterioro innegable de esos tres factores en la última década.
De los 15.779.102 electores habilitados para votar en noviembre y diciembre próximo, 885.940 son extranjeros. Si en 2021 representaron apenas 0,8% de los votos, en la elección presidencial que viene su gravitación se quintuplicará llegando al 4%. Y votarán mayoritariamente por las candidaturas que les den confianza para restituir las razones que los hicieron venir a Chile y, aunque parezca contraintuitivo, para combatir decididamente la inmigración irregular y la delincuencia asociada a ésta.
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