Si hay algo que ha degradado el prestigio del Congreso son las numerosas acusaciones constitucionales presentadas en los últimos años.
Los que gobiernan hoy presentaron dos acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera y muchas más contra sus ministros. Los que gobernaban entonces y ahora son opositores llevan ya similar número de acusaciones constitucionales contra
ministros del presidente Boric. Casi todas, en ambos casos, fueron presentadas más bien para castigar una diferencia política, no una transgresión constitucional.
Los que ayer denostaban las acusaciones constitucionales, hoy día las utilizan a destajo. Y los que ayer las usaban como herramienta cotidiana, hoy día abominan de ellas. Como si los políticos se convirtieran en personas diferentes cuando pasan del gobierno a la oposición y de la oposición al gobierno.
¿Cómo detener este ciclo interminable de perversión de la más importante herramienta de fiscalización del Ejecutivo que tiene el Congreso, reservando las acusaciones constitucionales para lo que existen, juzgar y castigar las transgresiones a la constitución y las leyes por parte de los gobiernos?
El presidente Boric comprometió el miércoles sus buenos oficios para terminar con este ciclo perverso. Pero ayudaría mucho si terminamos con el sinsentido de que para interpelar sin consecuencias a un ministro de Estado se requiere juntar un tercio
de los diputados y para acusarlo constitucionalmente con inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años bastan sólo 10 diputados.
Elevar el requisito a un tercio de la Cámara para una acusación constitucional evitará que se use para demostrar que una bancada es más radicalmente opositora que las demás o, como ha ocurrido tantas veces, se use como plataforma de un puñado de parlamentarios buscando la esquiva y efímera fama. Para que vuelva a ser la última ratio, la defensa frente transgresiones graves del poder a la constitución y las leyes.
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