Cuando las instituciones de un país pierden la confianza de los ciudadanos, es la democracia la que está en riesgo.
La noticia entonces es preocupante porque además es coincidente con otras mediciones previas. En una encuesta que publica hoy El Mercurio alrededor del 80% de los consultados afirma no confiar en cada una de las instituciones que conforman el aparato judicial: Tribunales, Ministerio Público y defensoría penal.
Las razones pueden ser, miren la ironía, a veces injustas o basadas en el desconocimiento pero solo en parte. Porque hay razones para la queja y la desconfianza.
La demora en las sentencias, el tráfico de influencias que se conoció en varios casos, las veces en que hemos sido testigos de impunidad como en el financiamiento ilegal de la política o sanciones absurdas como las clases de ética.
Por eso que una de las medidas urgentes, en las que parece haber consenso pero que quedan durmiendo (de nuevo que ironía) “el sueño de los justos” es abordar una reforma al sistema de nombramientos donde sean siempre los mejores y no a veces los mejores contactados los que lleguen no sólo a la Corte Suprema sino a todos los tribunales de país. Eso para empezar.
Para que cuando todo lo demás falle, podamos confiar en que habrá una señora ciega a nuestro origen, a las presiones, que reestablecerá los equilibrios y que hará respetar nuestros derechos o reparará en lo posible el daño causado.
En definitiva para que los chilenos vuelvan a sentir a la justicia como lo que debe ser: el último refugio en una democracia.
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