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Mirosevic por rebajas de penas: “El Ejecutivo debe reconocer que hubo un error, pero no en la ley original, es un error del gobierno”

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El senador Vlado Mirosevic (PL) abordó su llegada a la presidencia de la comisión de Constitución del Senado tras la salida de Pedro Araya (PPD), los desafíos para avanzar en una agenda de seguridad y las críticas al Gobierno por beneficios carcelarios a condenados por delitos sexuales, asegurando que en este último caso “hubo un error del gobierno” y no de la ley original.

En conversación con Hoy es Noticia, Mirosevic se refirió a la salida del senador Araya de la comisión de Constitución del Senado y de la presidencia de esta, señalando que “entiendo que el PPD esté molesto, a pesar de que inicialmente apoyó la decisión de retirar al senador Pedro Araya de la comisión”.

A pesar de ello, dijo que “esta es una decisión que se tomó y hay que seguir hacia adelante. Ahora me toca dirigir esta comisión y mi responsabilidad es que esto sirva a la agenda de seguridad y a todos los proyectos pendientes de aprobación”.

El representante de la región de Arica reveló que había un “disgusto” en la oposición por el desempeño del senador Araya, respecto a “su manera de abordar la comisión y una distancia entre la oposición y el comportamiento que estaba teniendo. Eso terminó en esta solución“.

Al consultarle por su nuevo rol, el legislador afirmó que impulsará conversaciones con el Gobierno para lograr acuerdos en materia de seguridad, recalcando que no serán “acuerdos individuales ni parciales que permitan al gobierno ganar por un voto”.

Respecto a la agenda alternativa de seguridad presentada por senadores de oficialismo, junto al mismo Araya e Iván Flores (DC), el senador enfatizó que “es algo que tenemos que revisar“.

“Tengo dudas respecto de la posibilidad de que un gobierno decrete un estado de excepción de manera preventiva, anticipándose a hechos de violencia (…). En cambio, no tengo ninguna duda respecto de la necesidad de establecer un régimen especial para los reos de alta peligrosidad, especialmente aquellos que dirigen bandas de crimen organizado. Esa parte del proyecto es perfectamente aprobable”, apuntó.

Al preguntarle por cuáles son sus propuestas para avanzar en el proyecto de seguridad, Mirosevic planteó la necesidad de avanzar en una agenda consensuada que priorice los proyectos y garantice su implementación. Además, reafirmó que “voy a poner una mirada de centroizquierda en esta legislación. Eso no significa obstruccionismo, pero tampoco adherir sin más a la fórmula que proponga el gobierno”.

Rebaja de penas a condenados por delitos sexuales

El parlamentario cuestionó al Gobierno por conceder beneficios carcelarios a condenados por delitos sexuales y sostuvo que el error no estuvo en la ley original, sino en la interpretación que aplicó la actual administración. En ese contexto, respaldó impulsar una ley interpretativa para precisar el alcance de la normativa de 2022.

“Obviamente, hay un error en este caso, pero no es un error del Congreso“, afirmó, recordando que el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, había explicado durante la tramitación del proyecto que los condenados con anterioridad no podrían acceder a estos beneficios. Según Mirosevic, ese criterio quedó consignado en la historia de la ley.

El senador también cuestionó que el gobierno optara por una interpretación favorable a los condenados, a diferencia de las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, que se opusieron a esas solicitudes. “Eso es muy raro e inentendible, sobre todo viniendo de un gobierno que prometió mano dura“, sostuvo.

Sobre el camino a seguir, explicó que se tramitará una normativa para precisar los alcances de la ley de 2022: “Esta es una ley interpretativa, quiere decir, hacemos mención a la ley del 2022, pero explicamos la interpretación y la restringimos para que a ningún gobierno y a ningún ministro del futuro se le ocurra aplicar el descriterio como en este caso sucedió“, enfatizó.

Sobre la posibilidad de que los beneficios también favorezcan a condenados por violaciones a los derechos humanos, incluidos reclusos de Punta Peuco, Mirosevic comentó que no puede atribuir una intención al Ejecutivo, aunque reconoció que esa hipótesis circula en el Congreso: “no me atrevería a afirmar esa intencionalidad, pero es un escenario bastante plausible“.

En esa línea, indicó que la oposición solicitó información al Gobierno para conocer la identidad de los tres condenados por delitos de lesa humanidad que habrían recibido beneficios, las razones de las decisiones, los informes considerados y las condenas asociadas. Además, advirtió que la cifra podría aumentar, ya que todavía no cuentan con antecedentes completos. “El gobierno debe reconocer que hubo un error, pero no en la ley original: fue un error del gobierno“, enfatizó.

Finalmente, sobre la posibilidad de retirar los beneficios ya concedidos mediante una norma retroactiva, el senador explicó que existe una discusión constitucional abierta. En la Cámara se presentó una reforma constitucional para permitir esa medida, pero aún no hay consenso sobre su viabilidad. “Por ahora, no hay una opinión de consenso sobre si es posible hacerlo o no”, concluyó.

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