Oposición fija ultimátum de 48 horas al Gobierno para remover al ministro Rabat y convoca a sesión especial en la Cámara

Los jefes de bancada de partidos de la oposición acordaron este lunes realizar una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar la polémica por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad, concedida por el Ejecutivo.

El jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, detalló que la sesión especial se desarrollará durante “el día miércoles de 15 a 17 horas en la Cámara de Diputados”, con el objetivo de que “el Gobierno informe y transparente toda la información respecto de las rebajas de condena de violadores y abusadores sexuales de menores”.

Asimismo, confirmó que tras la sesión se evaluará desde la oposición presentar una acusación constitucional contra el secretario de Estado. Aunque desde la Democracia Cristiana (DC), el diputado y jefe de bancada Jorge Díaz aseguró que “hasta lo que se conoce hoy están todas las condiciones para que esta acusación constitucional prospere“.

Ultimátum al Gobierno

En tanto, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, endureció el tono y dio un ultimátum al Gobierno.

“Vamos a exigir dos cosas fuertes y claras al Gobierno: que se transparente toda la información de esta situación porque las víctimas merecen saber si sus abusadores y sus violadores están libres. Entonces el Gobierno tiene que transparentar cómo se tomó esta decisión y a quiénes dejaron libres”, puntualizó.

En esa línea, reiteró que la permanencia del ministro Rabat y del subsecretario de Justicia, Luis Silva, en el gabinete “es insostenible”.

“Por eso le damos un plazo al Gobierno de 48 horas para responder ante estas exigencias de información (…) y también para sacar a ambas autoridades de sus cargos, porque son ellos quienes tomaron la decisión”, arremetió.

Por su parte, la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista (PC), Daniela Serrano, también exigió a la administración aclarar cuáles fueron los fundamentos para otorgar dichos beneficios penitenciarios y cuestionó la defensa del Gobierno, que alegó que la firma de decretos obedeció a la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Asimismo, advirtió que “estos no son solamente 56 casos, incluso podría haber más. Creemos que es importante recabar todos los antecedentes, estudiarlos meticulosamente para ir anunciando las medidas que hoy día nos permitan principalmente resguardar a las víctimas, pero por otra parte también resguardar nuestra institucionalidad”.

“Esto no obedece solamente a un cambio de criterio, sino que nosotros nos hemos hecho también la convicción de que acá al Gobierno no le correspondía interpretar una ley que es muy clara”, sentenció.