La titular de Desarrollo Social detalló en CNN Prime la modificación de un decreto que el Minvu envió a la Contraloría para agilizar el proceso de reconstrucción en materia habitacional.
Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social, se refirió en CNN Prime a los avances en el proceso de reconstrucción, incluyendo la modificación del Decreto Supremo N°332, enviada el año pasado al ente contralor por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que regula el sistema de atención habitacional en situaciones de emergencia.
Este miércoles 12 de febrero, la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del decreto. ¿Qué significa esto? Según la normativa, se trata de un “control obligatorio de la juridicidad de los actos administrativos”.
El anuncio se da en medio de las críticas al gobierno de Gabriel Boric por el lento avance en la reconstrucción de viviendas en Valparaíso.
La medida está dirigida a las personas de las provincias de Marga Marga y Valparaíso que fueron afectadas por los incendios ocurridos a inicios de febrero de 2024.
“La Contraloría tomó razón de un decreto muy importante para atender una de las principales demandas de las familias damnificadas. En esta tragedia, muchas de las familias afectadas no podían acceder al proceso de reconstrucción debido a las reglas generales del Minvu, ya que podían tener una segunda vivienda o una copropiedad. Sin embargo, muchas de ellas sufrieron daños significativos, por lo que esta era una demanda muy sentida”, explicó la ministra.
En esa misma línea, detalló que el Minvu realizó una modificación al decreto que establece estos requisitos. Así, en algunos casos especiales, como personas mayores, pensionados, personas con discapacidad y quienes pertenezcan al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, podrán acceder a la reconstrucción de su vivienda aun cuando sean propietarios de otra.
Cabe mencionar que la modificación también establece que el impedimento no regirá si la persona damnificada es propietaria de una vivienda en copropiedad inmobiliaria que no pueda ser reconstruida o reparada por estar pareada con otras viviendas, siempre que el beneficiario posea un máximo de dos propiedades.
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