El domingo tenemos segunda vuelta de elección de gobernadores con voto obligatorio. Ha sido, sobre todo en Santiago, una campaña polarizada: un candidato vociferante y un poco estridente, y otro que, pese a toda su trayectoria pública, nos quiere convencer de que esta elección no es política, sino otra cosa.
No me interesa, en todo caso, hablar de eso, porque este ruido de campaña —que tendrá el resultado que tenga el domingo según los ciudadanos quieran— oculta otro problema central que, creo yo, debería haber estado en el centro de nuestra discusión: cómo está funcionando la institución de los gobernadores regionales, no solo en Santiago, sino a lo largo de Chile.
Esta institucionalidad fue aprobada en 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, sin que se concretara nunca una clara transferencia de competencias. Esto implica que tenemos autoridades que manejan muchos recursos, que tienen alta visibilidad pública, pero no sabemos muy bien dónde terminan sus atribuciones.
Esto es un problema. Desafío a cualquier persona informada a preguntarse si acaso sabe dónde empiezan y terminan las atribuciones de cada gobernador regional. Tenemos autoridades elegidas con muchos votos, que manejan grandes recursos, pero cuyas responsabilidades son más bien difusas. Si eso no es un problema para la democracia, entonces no sé qué podría serlo.
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