El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en medio del debate público generado por el informe de la Contraloría sobre funcionarios que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, señaló en Tolerancia Cero que, una vez concluidos los sumarios, recurrirán al CDE para estudiar la presentación de querellas criminales o demandas civiles.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió en Tolerancia Cero al caso de Fiona Bonati, pareja de Simón Boric, hermano del Presidente Gabriel Boric. Esto, tras la renuncia de la cuñada del mandatario al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob).
Actualmente, Bonati enfrenta un sumario administrativo por parte de la Subsecretaría de Gobierno, el cual se encuentra en su fase investigativa. La funcionaria presentó su renuncia voluntaria a partir del 29 de mayo, luego de que viajara fuera del país con una licencia médica vigente.
Consultado por el panelista Eduardo Sepúlveda sobre cómo define la situación de Bonati, el titular de Interior respondió que el jefe de Estado ha sido claro en que, cuando algo es injustificado, no puede ser tolerado. Por ello, dijo, está en curso un sumario para determinar responsabilidades, y confirmó que Bonati está enfrentando ese proceso.
“Lo que puedo decir es que se instruyó el sumario y renunció. Por tanto, el sumario permite aplicar la responsabilidad administrativa, que fue la instrucción que dio el Presidente de la República, y también el ministro de Hacienda (Mario Marcel), cuando el Gobierno tomó la decisión en esta materia”, señaló.
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Respecto al informe elaborado por la Contraloría General de la República —en el que se identificaron funcionarios públicos que, estando con licencia médica, viajaron al extranjero—, Elizalde valoró el trabajo liderado por la contralora Dorothy Pérez, ya que, a su juicio, contribuye a abordar un desafío importante que debe enfrentar el país.
“No nos olvidemos que, cuando se ha tratado de modernizar esta legislación, hubo un inserto del Colegio Médico criticando lo que estaba haciendo el Gobierno y criticando a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien también ha sido muy activa respecto de cómo regular un instrumento de protección a los trabajadores que consagra un derecho. Si un trabajador se enferma, tiene el derecho de guardar reposo y, por tanto, de ausentarse justificadamente. Eso implica que el sector privado reciba el subsidio por incapacidad laboral y que el sector público mantenga la remuneración. Y eso nosotros creemos que debe ser preservado”, enfatizó.
Sin embargo, advirtió que lo ocurrido afecta a las personas, ya que implica el uso indebido de recursos públicos.
“De los 25 mil casos, el 60% corresponde a municipios, el 36% al gobierno central y el 4% a universidades, empresas públicas y gobiernos regionales. Y en lo que respecta al gobierno central, se han dado las instrucciones respectivas y se están realizando los sumarios. Ahí, los funcionarios podrán presentar, obviamente, los descargos correspondientes. Y en caso de que se acredite que fue injustificado, hemos planteado que se deben aplicar las máximas sanciones”, subrayó.
En cuanto a las sanciones, recalcó que las personas tienen derecho a defenderse. Sin embargo, una vez que se cuente con la información de los sumarios, “vamos a entregar antecedentes adicionales al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que estudie la presentación de querellas criminales o demandas civiles. En el caso de las demandas civiles, para obtener la restitución del dinero mal habido; y en las querellas criminales, si se acredita una conducta penada por la ley”.
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