El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la ley que permitió la salida de Hugo Bustamante, presunto asesino de Ámbar Cornejo, cuando llevaba 11 años de los 27 a los que había sido condenado por el homicidio de su ex pareja y al hijo de ella.
Una reforma aprobada en 2012, durante el primer gobierno de Piñera, entregó la facultad de otorgar la libertad condicional a la Comisión de Libertad Condicional, compuesta por miembros del Poder Judicial.
En entrevista con CHV Noticias, Bellolio respondió que “yo no tengo ningún problema en que como diputado y como autoridad uno tiene que revisar las leyes, y si alguna de ellas se presenta equivocada, por supuesto que hay que cambiarla“.
“Por eso es que fue este Gobierno el que propuso que fuera 2/3”, dijo refiriéndose a la legislación aprobada en 2018 que eliminó el inciso que permitía que los condenados a más de 20 años de cárcel pudieran optar a la libertad condicional una vez pasados los primeros 10 años.
Bellolio sostuvo que “el Gobierno del presidente Piñera lo ha tenido siempre muy claro: nosotros estamos de parte de las víctimas, no de parte de los delincuentes. Nosotros queremos que no haya impunidad sobre los delitos que ocurren”.
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“Una cosa es que existiera el inciso y, por tanto, yo no estoy cuestionando que se haya fallado en términos de la legalidad, pero los jueces no tienen la obligación de aplicar ese inciso. Podía hacerlo de forma contraria porque, por ejemplo, había un informe negativo de Gendarmería”, agregó.
Consultado sobre la acusación constitucional anunciada por el diputado Andrés Longton (RN) contra la jueza Silvana Donoso -quien en 2016 aprobó la libertad condicional para Bustamante-, el ministro respondió que “nosotros como Gobierno creemos y respaldamos la separación de poderes y que haya jueces que sean independientes y que se sigan por las reglas, así como también las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados de presentar esas acusaciones constitucionales, pero sobre el mérito y sobre el fondo de la misma, le corresponde a la Cámara de Diputados y no al Gobierno pronunciarse”.
Finalmente, se comprometió a que el Gobierno revisara el Código Penal “de manera de eliminar ese excesivo garantismo que existe en nuestra legislación”
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