El alcalde de Lo Prado y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos, calificó como “un acto de corrupción” la entrega de licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos, pese a que la ley prohíbe esta práctica desde 2022.
Según un informe de Contraloría, el 70% de los municipios del país incurrió en esta irregularidad (242 de las 345 comunas).
“Nosotros lamentamos que una gran cantidad de municipios esté teniendo esta práctica. Muchas veces tiene que ver con el amiguismo, pero aquí hay responsabilidad individual que hay que perseguir“, afirmó el jefe comunal en entrevista con CNN Chile.
Asimismo, enfatizó que los funcionarios municipales tienen acceso a la información en línea del registro de deudores, por lo que no pueden alegar desconocimiento.
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Ríos aseguró que en Lo Prado no se han registrado casos y llamó a los municipios a fiscalizar de manera más rigurosa el proceso de otorgamiento de licencias.
“No se puede aceptar que se esté sobrepasando una ley. Hay que tomar todas las medidas de prevención, hacer los sumarios respectivos y erradicar este tipo de conductas“, sentenció.
En cuanto a las sanciones para los funcionarios que hayan participado en la entrega ilegal de licencias, el alcalde explicó que la normativa contempla tres posibles castigos: amonestación, multa económica o destitución.
En el caso de la sanción monetaria, esta puede fluctuar entre el 10% y el 50% de la remuneración del trabajador.
Finalmente, Ríos insistió en la importancia de investigar a fondo la situación, especialmente ante la posibilidad de que existan pagos irregulares detrás de la emisión de estos documentos.
“Aquí estamos hablando de una cantidad considerable de municipios involucrados. Se debe esclarecer si hubo acceso deficiente a los datos o si estamos frente a una acción 100% deliberada“, concluyó.
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