“La Ley de Pesca ilustra el enorme costo social que tiene el financiamiento irregular e ilegal de la política. Cuando los partidos y las campañas son financiados por intereses creados, estos pueden terminar capturando la agenda pública para su beneficio particular. Cientos de millones de dólares anuales que pudieron ser de todos los chilenos serán de unas pocas familias”.
Estas palabras son de Eduardo Engel, presidente de la comisión de probidad, tras una ley que entregó licencias de pesca por más de 700 millones de dólares anuales a empresas que financiaron, tanto legal como ilegalmente, a decenas de políticos, mientras les daban instrucciones a algunos de ellos sobre cómo votar, qué decir y cómo actuar. Ahora la pregunta es cómo corregir este perjuicio cometido en contra de todos los chilenos.
Hay dos proyectos avanzando en el Congreso. El primero respaldado por el Gobierno, mantiene 20 años de privilegio para las empresas beneficiadas, para luego dar paso a licitaciones abiertas. El problema, además de los largos plazos, es que las empresas podrían reclamar y ganar millonarias indemnizaciones contra el mismo Estado que les regaló estos derechos.
Otro proyecto, liderado por el Partido Comunista, es más radical: pide anular la Ley de Pesca para extinguir los derechos que reclaman las grandes pesqueras. No hay precedentes y es al menos dudoso que una anulación como esta pase los controles legales y constitucionales.
No hay una solución fácil, pero sea el camino anular o modificar, es urgente poner fin a la vergonzosa situación en que estamos hoy. Y que nunca más el Estado chileno sea capturado por las poderosas redes del tráfico de influencias y el dinero sucio.
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