Este miércoles 9 de enero vuelve a la Cámara Baja la renombrada Ley de Pesca que desde el gobierno anterior de Sebastián Piñera no deja de dar qué hablar. En esta oportunidad un proyecto de ley, iniciado por los diputados comunistas Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, buscan anular la ley en vigencia.
El diputado humanista Tomás Hirsch cursa su primer periodo como congresista y explica, desde su visión, en qué consiste la polémica normativa y qué es lo que se votará en la comisión de Constitución.
—¿Qué es la Ley de Pesca?
—La Ley de Pesca, también conocida como Ley Longueira, entregó a siete familias los derechos a perpetuidad de la pesca en nuestro país, un regalo que queda consagrado por ley para ellos, que establece una desigualdad tremenda y que está prohibido incluso a nivel constitucional. En segundo lugar, esta ley restringió las garantías de los pescadores artesanales limitándoles los espacios, las cuotas y los derechos con los que contaban históricamente. Estamos hablando de alrededor de 80 a 90 mil pescadores artesanales en todo el borde costero de Chile que vieron afectado su desarrollo y el de sus familias por esto.
—¿Por qué fue tan polémica en su momento?
—Sobre ella hay evidencia de que los grupos económicos vinculados a la pesca pagaron a distintos diputados y senadores. Hay evidencia de que se entregó por parte de Corpesca y otras organizaciones párrafos completos que fueron escritos y redactados por ellos mismos para luego ser incorporados en la normativa a modo de favorecerlos. Es la misma ley que hoy tiene ad portas de entrar a la cárcel al ex senador Jaime Orpis y a la ex diputada Marta Isasi. Es decir, creo que es el caso más claro y notorio de corrupción desde los grupos económicos por sobre la política.
—¿Qué se piensa hacer al respecto desde la comisión de Constitución?
—En este momento estamos discutiendo un proyecto de ley que busca la anulación de la Ley de Pesca. Sabemos perfectamente que es muy discutible la posibilidad de anular una ley, no está establecido claramente en la Constitución, es una opción que no fue considerada y hay que buscar el mecanismo adecuado. Hay constitucionalistas que dicen que el Código Civil, en su artículo Nº11, sí plantea la posibilidad de anular una ley cuando en ésta hay fraude y otro documento que la haga inviable. Aún con eso, si no fuera anulada existe la posibilidad de derogar, es una segunda opción.
—¿Derogar la ley implica consecuencias?
—Y ahí está el problema: si se deroga una ley tal como está contemplada actualmente significaría, además, tener que pagarles por perjuicios a estas siete familias. Esto sería de un contrasentido tremendo, tendríamos que pagar en el presente todas las ganancias a futuro que podría haberles dado esta ley como beneficio. Estamos hablando de una cifra de miles de millones de dólares.
—Entonces, ¿el congreso queda de brazos cruzados?
—No. Existe una tercera opción que pretendemos proponer en caso de que la anulación sea declarada inconstitucional que consiste en la derogación retroactiva. Es decir, derogar algunos de los artículos de la ley con efecto retroactivo de tal modo que dejen de ser aplicables, pero la ley siga existiendo. De este modo no habría que premiar a estas siete familias con una compensación económica.
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—¿Qué se vota este miércoles en la comisión?
—La primera opción, el proyecto de ley de un solo artículo que anula la ley de pesca. El primer paso es votarlo en la comisión, si se aprueba tal cual, pasaría a la sala y en ese momento alguien podrá discutir la constitucionalidad o no. Es un proceso largo.
—Es de esperar que usted esté a favor…
—Por supuesto, esta es una situación sumamente irregular. Hubo una coima al mismo ex ministro Longueira por la suma de $700 millones, todo lo que rodea esta ley es sumamente escandaloso. Si hay algo que nos puede convertir en tener título de honor como país bananero es tener una ley que todos saben, desde el presidente Piñera hacia abajo, que fue promulgada en condiciones de absoluta corrupción y cohecho.
Las siete familias aludidas por el diputado Hirsch beneficiadas por la Ley de Pesca, que fue promovida por el ex ministro de Economía Pablo Longueira, son: Angelini, Sarkis, Stengel, Jiménez, Cifuentes, Izquierdo y Santa Cruz.
Los mencionados concentran el 76% de la capacidad pesquera industrial de Chile y, en consecuencia, el reparto de sus utilidades.
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