A cuatro años del estallido de los escándalos de platas políticas, llegamos al juicio final. Sí, al final, al único de los casos que pudo desarrollarse hasta su conclusión lógica: un juicio oral en que, de cara a la opinión pública y con todas las garantías legales para los acusados, los jueces decidirán si son inocentes o culpables.
En los demás casos la justicia fue bloqueada.
Los políticos denunciaron persecución en su contra, presionaron con leyes mordaza, negociaron para designar a un Fiscal Nacional comprensivo y sacaron a los persecutores que les incomodaban.
Hasta con oficios del Senado pidieron por ejemplo el cierre de la causa de Penta contra Iván Moreira. Y así ocurrió:
Los delitos electorales prescribieron. Las causas por delitos tributarios fueron bloqueadas por el Servicio de Impuestos Internos, cuando se vio que la caja de pandora abierta por SQM tocaría a demasiadas grupos económicos y demasiados políticos, partiendo por la campaña de la entonces presidenta Bachelet.
¿Por qué Corpesca fue distinto? Porque hay evidencia de cohecho en correos electrónicos de los propios involucrados, pero también porque es un caso más acotado.
Involucra solo a dos ex parlamentarios de peso político menor -como Jaime Orpis y Marta Isasi- y a una empresa, donde amenaza a un gerente, no al dueño del grupo Angelini. Eso ha permitido que el acucioso trabajo de la fiscal Chong no sea torpedeado, como le ocurrió a otros.
Orpis sí puede caer, y hoy debe enfrentar a la justicia, mientras sus ex colegas con más influencia y poder gozan de los beneficios de la impunidad.
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