Tras cinco años de lucha legal, viuda e hijas del empresario asesinado exigen al SERVIU, a través de la abogada Jeannette Bruna, ejecutar orden de demolición en terreno destinado a vivienda social en Concón.
Jeanette Bruna, abogada de la familia del empresario Alejandro Correa —asesinado en 2020 tras denunciar una toma ilegal en su terreno de Concón—, acusó al Estado de “complicidad pasiva” por no ejecutar una orden judicial de demolición emitida por la Corte de Valparaíso. En carta al director de El Mercurio, su hija Valentina Correa denunció que el SERVIU exige a la familia desalojar a los ocupantes antes de actuar, pese a que la ley autoriza el uso de fuerza pública.
Janet Bruna, abogada de la familia por cinco años, reveló que la toma inició tras el homicidio contratado de Correa: “Lo mataron precisamente para tomarse este terreno”. Los autores intelectuales y materiales están encarcelados, y un loteador irregular fue condenado. Bruna desmintió el discurso de necesidad habitacional: “Declararon ante la PDI que no les interesaban subsidios; fue un acto de lucro”.
El SERVIU solicitó $100 millones al Ministerio de Vivienda para demolición en marzo, pero paralizó el proceso. “La Corte ya declaró ilegal su omisión”, señaló Bruna, quien advirtió acciones legales por “desacato y negligencia deliberada”. La familia evalúa una demanda indemnizatoria contra el Estado y exige un sumario administrativo.
El conflicto persiste pese al compromiso del ministro Carlos Montes de agilizar el caso. La abogada alertó sobre riesgos de seguridad: “Tienen miedo de que las vuelvan a matar”. El terreno —cuya donación para vivienda social bloqueó la toma— podría albergar un cuartel de la PDI según propuestas municipales.
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