Hoy con votos de la Democracia Cristiana (DC), el Gobierno logró ampliar el control preventivo de identidad hasta los 16 años en la Cámara de Diputados. Pésima noticia.
Las cifras son claras: este tipo de control no es más eficiente que el que se realiza con indicios. Se necesitan 28 controles investigativos con indicios para encontrar a una persona con orden de detención pendiente. En cambio, se necesitan 56 de los controles preventivos. La mitad de eficiente.
Los recursos limitados se malgastan en algo que la evidencia ha probado que no funciona mejor, sino que peor que otras herramientas. A pesar de que fue promovido por el gobierno de Michelle Bachele y fue aprobado para mayores de edad en el 2016, la delincuencia ha seguido creciendo.
Pero además con el control preventivo se afectan garantías de ciudadanos cuando 98 de cada 100 controlados no debieron serlo.
Se nos dice que quien nada hace, nada teme. Con esa lógica que se alcen automáticamente los secretos bancarios de todos los que son imputados de delitos de corrupción sin que medie el permiso de un juez. ¿O las blancas palomas van de cuello y corbata? Digo, usando la metáfora favorita de algunos.
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Hay razones para desconfiar, más cuando Carabineros no entrega la información a la que están obligados por ley sobre cómo han ejercido esta facultad, información que sería la forma de saber si la usan de manera arbitraria o no.
Hay muchos que sentirán temor por su color de piel, apariencia o el barrio en que viven. Y por si los derechos humanos les importan, la Unicef ha dicho que con esta ley se violan tratados internacionales sobre garantías de niños y adolescentes.
Es importante el porcentaje de menores en delitos violentos, pero las cifras oficiales demuestran que se trata de pocos en número que se concentran en bandas especializadas. A ellos se les tiene que detener con métodos focalizados y no saliendo a pescar, que es lo que decidió hoy el Parlamento.
Están vendiendo humo, agitando temores y con falsas promesas a la población, les ofrecen a los ciudadanos una herramienta que no es eficiente para combatir la delincuencia. Los políticos que apoyaron esto ganaron votos y aplausos, pero los ciudadanos no ganamos en mayor seguridad.
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