Antes, en educación, en el gobierno de Michelle Bachelet se promulgó una Ley de Inclusión que no fue inclusiva. Hoy la llamada Ley de Admisión Justa no merece ese nombre.
Ambas normativas no responden a las necesidades de los menores en situación de discapacidad. No como debieran. La única diferencia es que el entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, intentó una pésima excusa arguyendo que el tema era muy complejo como para incluirlo en esa reforma.
Ahora se nos dice que con unos cupos preferentes y algunos otros cambios, asunto arreglado. No, porque resultado académico no es igual a mérito, menos si el camino es tan cuesta arriba como lo es en Chile si tienes una discapacidad.
Sin escuchar a la mayoría de las organizaciones de personas con discapacidad, sin entender qué pide esa sociedad civil organizada, no hay un diálogo verdadero. No basta con reunirse con alguna familias. Porque esta no es Admisión Justa para alguien con autismo, ceguera o piel de cristal. Por eso han organizado una marcha para mañana.
Sucede que cuando se violan los DDHH no hay neutralidad posible. Y sí, en Chile se siguen violando los DDHH de los niños en situación de discapacidad. Su derecho a la educación es letra muerta, porque no se los trata igual que a los otros alumnos, porque a miles no se les recibe, porque si se los recibe a muchos les cobran más caro que a sus compañeros y porque es la excepción y no la norma que se cuente con los equipos técnicos óptimos necesarios.
¿Qué me dirían si se abriera un colegio sin baños? Escándalo nacional, ¿cierto? Porque tocaría a sus hijos, a los de la mayoría. Bueno, debe ser igual de escandaloso que en un colegio no haya fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, baños adaptados o lo que sea para que alguien con silla de ruedas o síndrome de Down pueda estudiar. Un colegio que no incluye, no merece llamarse colegio.
Pasan los años, pasan los gobiernos, y los niños y niñas con discapacidad no están primeros en la fila. Ellos siguen fuera de la fila.
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