Columna de Gabriela Guevara | No, ministra: no hay tal divergencia

La noche del 25 de mayo de 2026 en CNN Chile, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, fue consultada por Mónica Rincón sobre si el cambio climático es provocado en parte por el ser humano. La ministra respondió que “los datos científicos efectivamente muestran que hay un cambio en las variables ambientales”, pero cuando se le pidió precisar sobre la responsabilidad humana, afirmó que “hay divergencia”. Sólo después de la insistencia periodística, concedió que “el hombre obviamente tiene un aporte”.

Sí, el clima es complejo y todos lo sabemos, más aún quienes llevamos años estudiándolo, pero complejidad no significa incertidumbre acerca de todo. En estos asuntos, la evidencia acumulada en los sucesivos informes del IPCC (donde participamos cientos de científicos de talla mundial y miles de revisores de todos los continentes, y que constituyen la referencia oficial sobre cambio climático a nivel global (IPCC, 2021; IPCC, 2023) así como, en Chile, la producida por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), muestra con toda claridad que el calentamiento se ha incrementado de manera acelerada, debido mayoritariamente a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. Estamos observando patrones sin registro en la historia reciente del planeta, y que seguirán intensificándose si no actuamos con urgencia.

Lo digo con la tranquilidad de quien conoce los datos de cerca: lo que afirmó la ministra es incorrecto. No es un matiz ni mucho menos una posición prudente, es una afirmación que contradice el cuerpo de conocimiento más robusto que la ciencia del clima ha producido en la historia y que venga de quien conduce la política ambiental de Chile, lo hace especialmente grave.

El Sexto Informe de Evaluación del IPCC (AR6), que sintetizó el trabajo de más de 700 científicos de 90 países y evaluó más de 14.000 publicaciones, abre con una oración aprobada línea por línea por 195 gobiernos, incluido Chile: “Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la tierra” (IPCC, 2021). “Inequívoco” es la expresión más fuerte que el IPCC ha usado jamás. En informes anteriores se habló de “probable” o “extremadamente probable”; que ahora se diga “inequívoco” significa que no hay interpretación alternativa razonable. La ciencia ya no está ante una cuestión de probabilidades, está ante un hecho y los números lo confirman. La mejor estimación del IPCC indica que la influencia humana causó un calentamiento de 1,07 °C entre 1850-1900 y 2010-2019, sobre un total observado de 1,09 °C. La contribución natural (sol y volcanes) se estima entre −0,1 °C y +0,1 °C (IPCC AR6 WG1, Cap. 3). En palabras simples: sin la actividad humana, el planeta estaría en la misma temperatura que hace 170 años. Entonces, no hablamos de “un aporte”, hablamos de prácticamente la totalidad. Además, como si faltara información, un estudio que revisó 88.125 artículos científicos sobre clima encontró que más del 99,9% concordaba en el origen humano del cambio climático; solo 28 de casi noventa mil expresaban escepticismo (Lynas et al., 2021). Ese consenso es comparable al que existe sobre la tectónica de placas o la evolución. Decir que “hay divergencia” frente a estos números es como sostener que hay divergencia sobre si la Tierra gira alrededor del Sol.

Seamos justos, es verdad que Gobernar exige equilibrios, y hay preguntas legítimas sobre el ritmo de la transición energética o los instrumentos regulatorios. Pero “¿el cambio climático es provocado en parte por el ser humano?” no es una de ellas. Tiene una respuesta científica definitiva, y es sí. Quien ocupa el cargo de ministra del Medio Ambiente debería poder decirlo sin titubear, del mismo modo que un ministro de Salud debería poder afirmar que las vacunas funcionan. El problema es que cuando la máxima autoridad ambiental de un país introduce duda donde no la hay, el daño no es sólo retórico: es institucional. Debilita las políticas públicas, erosiona la credibilidad internacional del país y envía una señal peligrosa: que la evidencia científica es negociable según la conveniencia del momento. No lo es. La evidencia científica no se rebate con opiniones ni con cautela política; se rebate con más y mejor evidencia científica y, en este caso, esa evidencia contraria simplemente no existe. Lo que existe son más de 88.000 estudios que apuntan en la misma dirección.

Esta estrategia de sugerir que “el debate sigue abierto” tiene, por lo demás, una genealogía conocida y peligrosa: fue el recurso que usó la industria tabacalera durante décadas para postergar la regulación del cigarrillo, y fue también la herramienta de sectores de la industria de combustibles fósiles para frenar la acción climática. El mecanismo es siempre el mismo: no negar abiertamente, sino sembrar la idea de que “hay dos lados” donde en realidad no los hay. No le atribuyo esa intención a la ministra, pero las palabras tienen efectos independientemente de las intenciones, y las suyas operan en esa dirección.

Estas palabras, por cierto, no se pronuncian en el vacío: en su primera semana, el gobierno retiró de la Contraloría 43 decretos ambientales en su última etapa de tramitación (Oficio N° 01707/2026), que incluían normas de calidad del aire, regulaciones de emisiones, creación de parques nacionales, la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural, y reglamentos clave para implementar la Ley Marco de Cambio Climático y el Servicio de Biodiversidad. Solo seis han sido reingresados. La gravedad ha sido tal que Science publicó dos cartas de alerta en pocas semanas: una advirtiendo que el retiro “representa un retroceso sustancial para la conservación” (Navedo et al., 2026) y otra señalando que “pone en peligro avances regulatorios desarrollados a lo largo de múltiples administraciones” (Paz Durán et al., 2026). No es habitual que la principal revista científica del mundo publique dos alertas sobre un mismo país en tan poco tiempo.

Mientras tanto, Chile pierde glaciares a velocidad alarmante: el Echaurren Norte ha perdido el 65 % de su superficie desde 1955 (Ugalde et al., 2026) y el Queulat el equivalente a 16 canchas de fútbol en 18 años (Díaz Morales et al., 2025). Desde 2010 enfrentamos una megasequía sin precedentes en cinco siglos (Instituto de Geografía UC, 2025), en 2025 Santiago registró un 57,5% menos de lluvia de lo normal (Greenpeace Chile, 2025), y los glaciares aportarán la mitad del agua actual hacia 2100 (Muñoz-Castro et al., 2025). Los incendios de 2023 y 2024 figuran entre los más devastadores de nuestra historia. Nada de esto es especulación: es lo que ya nos está ocurriendo. La Ley Marco de Cambio Climático (Ley N° 21.455, 2022), que la propia ministra ha reivindicado, se construyó sobre la misma evidencia que ella relativizó. Si esa base se cuestiona desde el ministerio que debe implementarla, mientras se paralizan los decretos que la hacen operativa, la contradicción es insostenible.

No tengo un interés particular en polemizar con la ministra, escribo porque la ciencia del clima es mi campo de trabajo, porque conozco de primera mano el rigor con que se producen estas conclusiones, y porque existe un imperativo ético que quienes investigamos estas materias no podemos eludir: lo que estudiamos no son abstracciones, son procesos que impactan de manera concreta y desproporcionada la vida de comunidades y territorios especialmente vulnerables. Esa responsabilidad me obliga a ser directa cuando una autoridad comete un error factual de esta magnitud, por incómodo que resulte decirlo.

Quiero relevar un último punto que no es menor: en el mundo académico, cualquier científica que afirmara en un artículo que “hay divergencia” sobre la causa humana del cambio climático sería corregida por sus pares antes de que el texto llegara a imprenta. Es así como funciona la ciencia: lo que se publica debe poder sostenerse frente a la evidencia. La ministra no tiene revisores, pero tiene algo que impone una exigencia equivalente (y acaso mayor): la responsabilidad de su cargo y las consecuencias que sus palabras tienen sobre la política pública de un país entero.

No hay divergencia, hay datos, hay certeza y hay urgencia.

Gabriela Guevara Cue

Académica del Instituto de Ciencias Sociales

Universidad de O’Higgins

** La autora es Lead Author en el Séptimo Informe de Evaluación del IPCC (AR7).