“Demandamos” que la justicia brasileña permita a Lula inscribirse como candidato presidencial. Eso dice la declaración firmada por 43 personalidades de la izquierda chilena.
Lideradas por la ex presidenta Michelle Bachelet, además de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, el presidente del Partido Socialista y los líderes del Frente Amplio, Giorigio Jackson y Gabriel Boric.
Hay que recordar que Lula fue condenado, en primera y segunda instancia, a 12 años de cárcel por delitos de corrupción, lo que lo inhabilita para ser candidato. Es cierto que el ex presidente aún tiene recursos pendientes.
Pero no se entiende por qué políticos chilenos, aunque aleguen creer inocente a Lula, hagan demandas al poder judicial brasileño, y además denuncian la judicialización de la política, el mismo término que se usa aquí para atacar las investigaciones que afectan a políticos.
La izquierda chilena aplica en este caso un doble estándar, de condenar la corrupción pero al mismo tiempo defender a un líder de su sector sobre el que pesan no sólo acusaciones, sino condenas dentro de un estado de derecho.
Es fácil enarbolar la bandera de la probidad cuando los acusados son los de la vereda del frente. Pero para que ese compromiso sea creíble debe aplicarse también cuando duele, cuando afecta a los cercanos y a los aliados.
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