El primer tribunal ambiental de Antofagasta falló contra el gobierno y lo obliga a realizar un nuevo Consejo de Ministros por la minera Dominga.
El plazo vence mañana y se ha solicitado a la Contraloría pronunciarse sobre quién debiera presidir la instancia, cuyos seis miembros originales se inhabilitaron por ser conocida su posición contra el proyecto.
¿Cómo llegamos a este enredo? ¿Se excedió el tribunal ambiental en su fallo? ¿No era suficiente con que criticara con argumentos técnicos el dictamen del Consejo de Ministros, sin obligarlo a sesionar de nuevo y sin referirse a las inhabilidades? ¿Pretende el gobierno traspasar la responsabilidad a Contraloría y así dilatar la decisión?
Desde el punto de vista administrativo, el asunto se alarga hasta el absurdo, al pedir a una instancia política cuya opinión ya se conoce, que vuelva a pronunciarse.
No hay que dejar de lado el origen político de los nombramientos de los jueces que integran los tres tribunales ambientales que existen en el país. Se escogen por alta dirección pública, la Corte Suprema elige quina, el Presidente de la República escoge un nombre que va al senado y debe ratificarse con tres quintos de los votos. Su periodo dura seis años y puede renovarse por una vez, por lo que deben volver a pasar por el Senado para su ratificación.
No es extraño pensar que sus miembros también pueden tener consideraciones extrajudiciales. Como sea, lo absolutamente inexplicable es que siga habiendo instancias administrativas, políticas y judiciales para resolver sobre un proyecto que ingresó hace once años al sistema.
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