Hace un par de días, la hermana Nelly León, que trabaja con mujeres privadas de libertad, se preguntaba por qué no en Chile implementar una ley similar a la de Colombia, que permite a las mujeres jefas de hogar condenadas por delitos leves a menos de 8 años de cárcel, cumplir la pena en sus hogares y realizar trabajos de utilidad pública.
El abandono en que quedan niños y niñas con madres encarceladas es dañino y traumático. Además, es un factor de riesgo para comportamientos delictivos, problemas de salud mental, abuso de drogas, fracaso académico, deserción escolar y desempleo, según muestran todos los estudios sobre este tema.
Según un sondeo de percepción ciudadana encargado por la Defensoría Penal Pública y elaborado por Cadem, un 57% de las personas encuestadas se manifestó a favor de que las mujeres embarazadas o madres de hijos menores puedan cumplir sus condenas desde sus hogares y solo un 21% se manifestó en contra, según nos recuerdan las ONGs Leasur, Acción Carcelaria, Kalén y Observatorio Social Penitenciario.
Pues bien, tenemos en Chile una iniciativa similar a la colombiana que entró a trámite el año 2017. Se le conoce como Ley Sayén y modifica el Código Procesal Penal para que mujeres embarazadas o con hijos menores de tres años puedan postergar el cumplimiento de su condena en una cárcel hasta que el niño o niña supere dicha edad.
El actual gobierno le puso suma urgencia, avanzó un par de pasos en el Senado, pero está desde julio en la Comisión de Hacienda. Reactivar su tramitación sería una buena respuesta a la pregunta de la hermana Nelly, que día a día ve cómo el círculo de la pobreza y la violencia se reproduce sin que a nadie le importe demasiado.
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