La Policía de Investigaciones (PDI) incautó computadores de la ex Casa del Deporte y de la Corporación Municipal de Viña del Mar, en marco de una investigación por una supuesta malversación de fondos de la antigua administración.
Para profundizar más en este tema, CNN Chile conversó con la actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien fue clara en explicar los delitos que se están investigando en la ciudad jardín.
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“Este es parte del proceso investigativo. Nosotros llevamos dos líneas de acciones, por medio del municipio y por la administración corporativa. La primera de carácter penal. Hay al menos tres líneas investigativas que se están llevando a cabo desde nuestra administración junto con la PDI y la fiscalía regional. Esta guarda relación con eventuales delitos de fraude al Fisco, malversación y financiación irregular de la política. Estamos en un proceso de investigación de formalizados, es decir, que todavía no se han acusado cargos y no hay procesos de formalización”, señaló.
A su vez, sostuvo que la semana pasada “llevamos una acción de carácter civil, de otra naturaleza no penal, que busca otros objetivos como caucionar montos por no pago oportunos de cotizaciones previsionales por parte de la administración corporativa y la municipalidad, que ascienden a más de 897 millones de pesos”.
Respecto a las irregularidades que se investigan en la Casa del Deporte, según la alcaldesa, están doble contratos que dejaron un déficit de más de $14 mil millones.
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“Es una de las unidades administrativas dentro de la administración corporativa, que no guarda relación con el municipio, y aquí se compartían dobles contratos con funcionarios que trabajaban en deportes, pero en la dirección de desarrollo comunitario del departamento de deportes de municipio. Había una opacidad respecto de la administración de las cuentas y de las financias, eso hoy deja un déficit financiero de la corporación por más de 14 mil millones de pesos y nos deja en una situación absolutamente problemática, porque recibimos cuentas administradas con evidente irresponsabilidad”, agregó.
Según Ripamonti es fundamental que se lleven a cabo estos procesos investigativos “para proteger nuestra actuación administrativa y perseguir a los responsables“.
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Por último, ejemplificó como esto afecta directamente a las escuelas que dependen del municipio y a diferentes centros de salud, y enfatizó que esto proviene de la fiscalía y no de un capricho propio.
“No es que nosotros establezcamos que existe una mala administración financiera de manera caprichosa o que tengamos una intuición. Se fundamenta de una sentencia de un tribunal del país que terminó destituyendo a la ex concejala y alcaldesa Virginia Reginato. Y más allá de la administración o política, recibimos una administración que deja de invertir en convenios en los colegios técnicos profesionales que se lo gastaron en otras cosas y hoy tengo colegios cerrados porque no tienen instalaciones eléctricas. ¿Qué es lo que deja de suceder? Afectamos más aún la salud pública y la atención primaria de 10 establecimientos y 54 establecimientos educaciones“, concluyó.
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