La acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, impulsada por el Partido Socialista es uno de los temas que ha marcado la agenda durante la últimas semanas.
Justamente, durante la mañana de este martes, quedaron definidos los integrantes de la comisión revisora del proceso.
Serán cuatro integrantes del oficialismo y uno de oposición los elegidos tras el sorteo en la sala y quienes deberán revisar los cinco capítulos de la acusación para luego emitir un informe: Hugo Rey (RN), Catalina del Real (RN), Maite Orsini (FA), Pedro Álvarez Salamanca (UDI) y Celso Morales (UDI).
Pero, ¿qué es una acusación constitucional?
Se trata de un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político a una autoridad por incumplimientos graves a su labor, infracciones a la Constitución o las leyes y abusos de poder o delitos.
Juicio político que establece una sanción al acusado, pero no una sanción penal. Hablamos de la destitución del cargo público y, eventualmente, una inhabilitación por un periodo de tiempo para el desempeño de funciones públicas.
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Una vez terminada la acusación también es posible realizar un eventual juicio penal y/o civil contra la autoridad destituída, en caso de la existencia de delitos.
¿De qué se acusa a la ministra Cubillos?
La acusación apunta a que la ministra cree más en la educación como un bien de consumo que como derecho social.
Motivo por el que habría hecho primar su visión ideológica por sobre las leyes vigentes de la república. Esto, en referencia a sus críticas al actual Sistema de Admisión Escolar y a la promoción, con apoderados, del fallido proyecto “Admisión Justa”.
Además, se le acusa de haber vulnerado la Constitución y las leyes, específicamente el principio de igualdad.
El proceso y posibles sanciones
Una vez presentada la acusación, la Cámara baja elige al azar una comisión de cinco diputados para que elabore un informe sobre si procede o no formular esta acusación. Esa comisión fue dada a conocer este martes: los cinco parlamentarios mencionados arriba.
Cabe destacar que lo que emane de esta comisión no es vinculante respecto a lo que votará la Cámara después.
La ministra Cubillos cuestionó la acusación y aseguró que la acción no tiene fundamentos.
La comisión elaborará un informe sobre si procede o no formular esta acusación. Luego, la autoridad cuestionada tendrá un plazo de 10 días para hacer sus descargos.
Tras eso, la Cámara vota esta acusación, que se da por aprobada si es respaldada por la mayoría de los diputados presentes en la sala, esto debería suceder a partir del mes de octubre.
De ser aprobada, la acusación pasa finalmente al Senado, que actúa como un jurado, y ahí nuevamente, la mayoría de los parlamentarios presentes en la sala definirán el futuro de la ministra.
Si la Cámara Alta aprueba la acusación, entonces la autoridad será destituída de su cargo y eventualmente no podrá ejercer cargos públicos durante 5 años.
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