El abogado Héctor Salazar conversó con Marca Registrada sobre la carta que él y otros abogados firmaron en respaldo de los ministros de la Corte Suprema.
Todo por la acusación constitucional ingresada por un grupo de parlamentarios el 22 de agosto, acción dirigida contra los jueces que estuvieron a favor de otorgar libertad condicional a cinco reos condenados por crímenes de lesa humanidad en dictadura.
Desde la DC al Frente Amplio y junto a agrupaciones de defensa de los derechos humanos hemos cumplido con el deber ético y político de ingresar la acusación constitucional contra los jueces que liberaron a los genocidas. Es un día muy importante en la lucha por la justicia pic.twitter.com/JNq875Q2Ti
— Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) August 22, 2018
“Fuera de los marcos constitucionales”
En la carta se expresa el rechazo “categórico” del otorgamiento de las mencionadas libertades condicionales. Sin embargo, añade que “no podemos desentender la trayectoria de los ministros acusados, y queremos dar fe de su contribución, desde su alta función, a materializar a través de sus sentencias la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en distintos ámbitos de la vida de nuestra sociedad”.
“Nos ha parecido que destituir a tres ministros que, precisamente, han abierto brechas, han logrado avances en términos de la aplicación del Derecho Internacional de los DD.HH. (…) no merecen ser tratados de esta manera”, aseguró el abogado.
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Sobre la misiva, Salazar aseguró que los firmantes se vieron obligados “moralmente” a pronunciarse sobre la materia.
“Aquí hay dos problemas en juego: uno es que se trata de una acusación constitucional absolutamente fuera de los marcos constitucionales dentro de los cuales se procesan estas acusaciones, y el segundo lugar por tratarse de los jueces acusados”, precisó.
“Si se aceptara esta acusación constitucional, indudablemente eso tiene un efecto sobre todos los jueces y sobre su conciencia”, dijo Salazar.
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Respecto a la actuación de los políticos que presentaron esta acusación por abandono de deberes, y consultado sobre si cabe responsabilidad ética en los parlamentarios el no haber precisado antes, por ley, las condiciones para abordar estos casos, el abogado dijo que “hay muchos cargos que se les pueden hacer a los legisladores (…) lo que sí puedo decir es que en el tema de DD.HH. nuestro Congreso Nacional no ha estado a la altura de las circunstancias”.
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