Coluna de Leslie Sánchez: Laicismo y Política

Las últimas semanas asistimos a la presentación de proyectos de ley patrocinados por parlamentarios del Partido Social Cristiano, libertarios y republicanos, tales como: “escucha su corazón”, crear día de la oración, día de la biblia y la habilitación en el Palacio de la Moneda de una oficina para cultos evangélicos donde se emplazaba una oficina de la Secretaría de Comunicaciones. Respecto de estas acciones surge gran incertidumbre respecto de la utilidad o necesidad de ellos respecto de toda la sociedad: la neutralidad del Estado y la pertinencia de utilizar cargos públicos para legislar temas religiosos propios del ámbito personal y privado.

En la actualidad, Chile posee un régimen de laicidad abierta, dando lugar a un modelo colaborativo que garantiza y respeta la libertad de culto y la neutralidad estatal, sin excluir a las religiones del espacio público. Símbolos y prácticas religiosos se encuentran presente en ritos republicanos e instituciones públicas, prueba de ello: Oficina de asuntos religiosos, Te Deum, inicio de sesiones en “nombre de Dios”, capillas en La Moneda y en la Cámara de Diputadas y Diputados; crucifijos e incluso la existencia de un partido político vinculado a una religión.

Lo anterior corrobora el compromiso del Estado por garantizar el debido respeto a todos los credos y las tradiciones. Por su parte, el ordenamiento jurídico vigente es muy prolífero en esta materia: posee una consagración constitucional que asegura la libertad de culto, desde el año 1999 existe una ley que garantiza el pluralismo religioso, leyes que crearon feriados religiosos, leyes relativas a la protección de las clases de religión en establecimientos educaciones y normas jurídicas laborales que prohíben la discriminación por motivos religiosos; entre otras.

Pero la construcción de este Estado aconfesional requiere reciprocidad. La institucionalidad y los actores políticos deberían, por su parte, corresponder a este régimen abierto, velando por la neutralidad estatal, vale decir, no utilizar el aparato estatal- legislativo para imponer visiones morales particulares.

Un estado laico es garantía para el ejercicio de la libertad de conciencia, de la igualdad ante la ley, y fortalecer sociedades plurales en lo cultural, político y educacional. Legislar en pro de toda la sociedad, en definitiva, es una salvaguarda de la paz social.

Por Leslie Sánchez, abogada constitucionalista