Chile no puede construir su política de litio sobre atajos reputacionales. Lo que está en juego no es solo el volumen de extracción o la recaudación fiscal, sino la credibilidad del Estado frente a los ciudadanos y frente al mundo.
Hay condiciones que, más que trámites, son pruebas de fuego y precaución en perspectiva. La condición pendiente en el acuerdo entre Codelco y SQM relativa al cierre de la investigación que la SEC de Estados Unidos mantiene abierta sobre esta última, no es una mera nota al pie. Es la línea divisoria entre la responsabilidad pública y la claudicación política.
No está de más recordar que SQM no es una empresa de reputación impoluta a la que la SEC fiscaliza por azar. Hablamos de la compañía que se convirtió en símbolo del financiamiento ilegal de la política chilena, que repartió boletas ideológicamente falsas con la misma naturalidad con que explotaba el salar. Hablamos de la empresa sancionada en 2017 por violaciones al FCPA, multada por la SVS y que, lejos de purgar sus culpas, quedó instalada en la conciencia pública como el emblema de una forma de hacer negocios donde la frontera entre lo legal y lo ilegítimo fue siempre difusa o al menos cuestionable desde la ética.
Negociar con SQM bajo la sombra de una investigación internacional abierta es aceptar que el Estado chileno puede sentarse a la mesa con actores bajo sospecha. Es, en los hechos, blanquear a una empresa cuya hoja de vida corporativa está cuestionada.
En los últimos días, dada la reciente aprobación por el organismo de libre competencia en China, se publicaron una serie de comunicados y declaraciones por parte de Codelco y SQM donde se menciona que el acuerdo se encuentra listo al haberse cumplido todas sus condiciones. Sin embargo, esta importante condición brilla por su ausencia y no se puede olvidar. Esta ausencia invita a especular que Codelco estaría listo para renunciar a su cumplimiento o ya lo habría hecho.
En este sentido, resulta incomprensible que el cierre de la investigación de la SEC se plantee como un obstáculo “técnico” dispuesto a ser levantado, y no como lo que realmente es: un muro ético que debería hacer políticamente inviable el acuerdo. El argumento de la urgencia, repetido como un mantra por los defensores del pacto, no resiste el escrutinio. La rapidez en llegar a un acuerdo directo con SQM se justificó en nombre de la eficiencia. Hoy, en cambio, la lentitud y la precariedad de las condiciones pendientes revelan lo contrario: se eligió el camino más frágil y más riesgoso, aquel que deposita el destino de un recurso estratégico en manos de una empresa cuestionada.
Chile no puede construir su política de litio sobre atajos reputacionales. Lo que está en juego no es solo el volumen de extracción o la recaudación fiscal, sino la credibilidad del Estado frente a los ciudadanos y frente al mundo. Si la condición de la SEC llega a cumplirse, será a costa de la memoria corta. Pero si se pasa por alto su relevancia política, el costo será mucho mayor: convertir la política nacional de litio en una transacción opaca, indigna de la promesa de un modelo distinto.
En definitiva, la pregunta es simple: ¿qué clase de Estado decide atar el futuro de su recurso más prometedor a una empresa con este historial? La respuesta, por más incómoda que sea, es igualmente simple: uno que prefiere mirar hacia otro lado antes que sostener la dignidad de su propia política pública. El Estado de Chile merece proteger su reputación.
Rafael Pizarro es Director Académico de la Escuela de Administración Pública de la UTEM y exmiembro de la Comisión del Litio.
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.
