Columna de Jorge Jaraquemada: ¿Qué te pasó, Chile?

¿En qué momento servir al Estado empezó a confundirse con servirse de él? En los últimos años se han ido acumulando una serie de escándalos que nos alejan de la respuesta autocomplaciente de que se trata de casos aislados.

Hemos visto recursos entregados a fundaciones sin ninguna experiencia para cumplir la tarea encomendada; mal uso de gastos reservados; funcionarios que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica; vehículos de lujo adquiridos para autoridades judiciales en tiempos en que el país pedía austeridad; deudores del CAE con capacidad de pago que se resisten a cumplir; y el más reciente: empleados de hospitales públicos que se adjudican contratos con los mismos recintos donde trabajan, lo cual implica un conflicto de interés evidente y, además, una conducta prohibida por la Ley de Compras Públicas desde 2023.

Los casos son distintos, pero dejan la misma sensación: siempre aparece una excepción conveniente para quien conoce el sistema desde dentro. El servicio público se degrada cuando un cargo se convierte en una oportunidad para obtener ventajas, eludir obligaciones o disfrutar privilegios que cualquier ciudadano tendría pudor de defender. El problema no es solo que se hayan vulnerado normas, sino que ello ocurra con una naturalidad que revela una pérdida de vergüenza institucional.

Las explicaciones también se repiten. Había una necesidad operativa; la licencia tenía una justificación; el gasto estaba presupuestado; la deuda era injusta; nadie advirtió la irregularidad. Al final, las excusas resultan más agraviantes que la falta original, porque transmiten la idea de que la ley es estricta para el ciudadano común, pero se vuelve flexible para quien sabe cómo moverse entre sus resquicios.

Chile no puede acostumbrarse a esta lógica. El Estado existe para servir a las personas, no para beneficiar a quienes lo administran. Detrás de cada peso mal utilizado, de una licencia fraudulenta o una deuda eludida, hay alguien que espera una atención médica, una familia que paga sus impuestos o un funcionario honesto que cumple mientras otros se aprovechan del sistema.

La probidad no consiste únicamente en no robar. También exige sobriedad, decoro y moderación en el ejercicio del poder. Una autoridad puede gastar dentro del presupuesto y, aun así, enviar una señal moralmente desastrosa. Un funcionario puede invocar una necesidad del servicio y participar en un arreglo inaceptable. Una fundación puede perseguir una causa valiosa y, pese a ello, estar obligada a explicar en qué gastó hasta el último peso. La integridad se demuestra precisamente cuando existe la posibilidad de aprovecharse y se decide no hacerlo.

La respuesta no puede limitarse a pedir informes, abrir sumarios interminables o esperar que el escándalo se disipe. Hay que recuperar los recursos, sancionar con severidad, inhabilitar a quienes traicionan la confianza pública y cerrar los espacios donde la información privilegiada se convierte en negocio. Pero también hace falta algo más difícil: reconstruir una ética de servicio.

Servir al Estado no es servirse del Estado. Parece una frase obvia, casi escolar, pero quizá haya que repetirla porque se ha ido olvidando. La autoridad no está para mejorar su comodidad; el funcionario no puede capturar oportunidades para sí mismo; el proveedor no debe confundirse con el empleado público; y quien recibe un beneficio estatal no puede asumir que cumplir sus deberes es opcional.

Un país comienza a deteriorarse cuando deja de escandalizarse ante lo inaceptable. Si la función pública no vuelve a entenderse como un espacio de honradez, prudencia y responsabilidad, seguiremos conociendo casos distintos en apariencia, pero nacidos de la misma raíz: confundir el servicio a Chile con una oportunidad de provecho personal.

Jorge Jaraquemada R.

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán