Durante este año, el número de causas ingresadas al Tribunal Constitucional ha aumentado considerablemente. Desde el financiamiento de la gratuidad a través de la ley de presupuesto, pasando por el fallo sobre la de aborto en tres causales y la investigación de la ley de financiamiento de campañas a parlamentarios, estos casos han sido solo algunos de los que han llegado hasta esta instancia judicial.
2017, sin duda, ha sido el año que más trabajo le ha demandado a los jueces: 527 causas solo hasta agosto: poco menos del doble de 2016.
Solo en 2006 hubo una explosión similar. Esto se explica, en parte, por la reforma constitucional que dio a conocer los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Antes de 2005 el Tribunal regulaba obligatoriamente proyectos que modificaran leyes orgánicas constitucionales, además de los casos que fueran solicitados por grupos parlamentarios y el presidente.
Con la reforma se permitió que el TC interfiriera en cualquier juicio que se solicitara para declarar que una ley fuese inaplicable por inconstitucionalidad, por lo que se comenzó a generalizar el uso de este recurso.
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