Fue el 23 de enero cuando la Presidenta de la República recibió el Informe de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía. En ella participaron representantes del Ejecutivo, de comunidades mapuches, de la Iglesia y del sector privado.
Por esa razón, resulta difícil entender las declaraciones que esta semana realizó el intendente de La Araucanía, Miguel Hernández, en las que se manifiesta dispuesto a dialogar “bajo cualquier condición y circunstancia” para resolver el conflicto en la zona.
Asimismo, es comprensible la reacción del subsecretario del Interior, que en medio de un cruce de declaraciones y ante la amenaza de movilizaciones de los camioneros, “citó” a la Moneda a la autoridad regional.
El llamado del Intendente complica al gobierno porque significa quitarle el piso de antemano al trabajo de seis meses de la Comisión Asesora Presidencial, que -entre otros puntos- propone el “Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas” y la “reparación de víctimas”.
Pero también es una peligrosa señal para quienes rechazan el diálogo y optaron por la vía de la violencia para la consecución de objetivos cómo podría ser precisamente “forzar” negociaciones.
Es cierto, el llamado “conflcito de la araucanía” requiere disposición al diálogo pero también prudencia política de todos los sectores y especialmente de aquellos llamados a buscar una salida al conflicto.
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