Las “farmacias populares” son legales mientras tengan el propósito de facilitar su acceso a dichos productos farmacéuticos y sin fines comerciales.
Así lo determinó la Contraloría General de la República, que se pronunció tras la solicitud enviada por la Municipalidad de Panguipulli para zanjar la procedencia jurídica de las farmacias administradas por los municipios.
En el informe adjunto conoce los alcances de esta resolución, que establece que toda municipalidad puede implementarlas siempre que dichas farmacias dependan administrativamente de los establecimientos municipales de atención primaria de salud y que se haga con fines de salud pública.
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