Diversas organizaciones de DD.HH cifran en alrededor de 1 millón 600 mil exiliados.
Durante el Gobierno Militar tres profesionales comunistas fueron secuestrados y degollados en 1986. El caso conmocionó a la opinión pública.
Un hijo de un ejecutado político, Manuel Guerrero, contó que cuando se le informó de la muerte de su padre, fue el director del establecimiento educacional quien le avisó. En ese momento manifestó que “sentí una compasión y pena” por el encargado del colegio ya que este “estaba hecho trizas” al tener que contarle que su papá estaba muerto, por lo que lo contuvo, enfatizó Guerrero.
El afectado agregó que en la vicaria vivió una situación similar ya que a su juicio, “el mundo adulto estaba sobrepasado” y eran los niños quienes “tuvieron que reconstruir bastante en solitario” apoyándose entre ellos. Recuerda aquella época como un “niño que tuvo que madurar muy rápido” y enfrentarse a situación de “quiebre, rupturas, rehacerse, aprender, otro idioma, volver a Chile, no ser reconocido por los pares”, entre otros.
Otro caso es el de Julie Contreras, quien vivió durante 15 años como refugiada junto a su familia en Argentina y donde también tuvo que enfrentar un Golpe de Estado. Su hermano, debido a un alcance de nombre, estuvo detenido durante dos días.
Contreras contó que “la vida de él nunca más volvió a ser la misma, la de nosotros tampoco”. Sintieron mucho miedo, especialmente cuando se generó un Golpe Militar en el país vecino volviendo a sentir “incertidumbre” y cuestionamiento sobre qué pasaría con ellos tras lo ocurrido.
A su regreso en 1990 con el retorno a la democracia, la afectada manifestó que nadie esperaba el regreso de los exiliados, por lo que llegaron a sentirse como “un cacho para esta sociedad”.
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