Fiscalía y ejecutivos imputados en el caso alcanzan acuerdo de pago de $255 millones.
Más de 40 millones de dólares en ganancias obtuvieron las tres principales farmacias del país tras la colusión de precios en 2008. Hoy, la justicia aprobó la suspensión condicional del proceso en contra de los 10 imputados. Con esta medida, ninguno de ellos iría a prisión y sólo deberán cumplir con una serie de condiciones durante un año entre las que están la donación de dinero a ONGs de salud.
El fiscal del caso, José Morales, en entrevista con CNN Chile afirmó que el contexto del caso tiene dos aristas: la penal, a cargo del Ministerio Público, y otra a cargo del Tribunal para la Libre Competencia, y que la determinación para el acuerdo fue en base a la legislación actual que también tomó en cuenta la pena que aplicó ese tribunal. “Nosotros creemos que obtuvimos un acuerdo de acuerdo a las posibilidades que nos daba la ley”, afirmó.
Morales además aseguró que es importante modificar la normativa actual para no tener que aplicar una que data de 1983 como se hace actualmente. El fiscal además agregó que, respecto a la resolución de la suspensión condicional a la que se llegó a acuerdo, la “salida alternativa cumplía fines preventivos especiales” y que “habría sido mucho más desilucionante” si hubiese existido una pena de 21 días, en vez del acuerdo reparatorio que incluye clases de ética. “No podemos buscar una aprobación popular, sino aplicar la ley”, remarcó respecto a las críticas de la gente al respecto.
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